Narbona señala que el futuro de la planta, que actualmente está en parada, depende en primer lugar, de la decisión de la empresa titular Nuclenor, participada por Iberdrola y Endesa.

La que fuera ministra de Medio Ambiente advierte en un entrevista al portal de Medio Ambiente ‘i-ambiente’ que “la última palabra la tendrá el CSN, que ya ha explicitado todas las exigencias en caso de que se solicite la renovación de su autorización (algunas de ellas, exigibles antes incluso de Fukushima, otras posteriores, otras especificas, como la verificación de las condiciones de la vasija...etc), cuyo cumplimiento tendría que ser cuidadosamente evaluado por el CSN antes de pronunciarse”.

Narbona reivindica su “firme convicción” de ir abandonando la energía nuclear para producir electricidad con otras fuentes, especialmente renovables. Respecto a por qué pertenece al CSN, la consejera indica que el “único objetivo del Consejo de Seguridad Nuclear es el de garantizar la seguridad nuclear y radiológica” y que “no es, por lo tanto, una agencia de promoción de la energía nuclear”.

La consejera del organismo que supervisa la energía nuclear en España sostiene que “ninguna otra fuente energética tiene un riesgo potencial análogo”.

En cuanto a la reforma energética, Narbona dice que genera una “absoluta inseguridad jurídica” que provocará la pérdida de inversión extranjera, además de la “destrucción” de más de 50.000 puestos de trabajo.

A su juicio, España estaría en condiciones de producir el 70% de su electricidad con energías renovables en 2030 aprovechando su combustible “gratuito e inagotable”.

Para reducir el déficit tarifario, Narbona sostiene que "no es necesario hundir al sector de las energías renovables” sino que “bastaría regular su retribución de forma que se aprovechase la progresiva reducción de sus costes, y, sobre todo, reducir la sobre retribución que reciben las centrales hidroeléctricas y nucleares, que están ya totalmente amortizadas y colocan su producción al precio más alto del mercado eléctrico”. “Esto es consecuencia del poder oligopolista de las grandes empresas eléctricas”, afirma.

Respecto a la nueva Ley de Costas, la consejera del CSN afirma que “hemos presentado” en nombre del grupo parlamentario socialista un recurso ante el Tribunal Constitucional porque le ven “varios elementos de inconstitucionalidad” a la norma y conculca el “principio constitucional de igualdad”

De la renovada Ley de Montes, dice que se vuelve a dar cabida a “una motivación especulativa injustificable” al permitir recalificar un suelo forestal que hubiera sufrido un incendio.