"El Gobierno de España ha establecido un marco normativo que garantiza la equidad y que es un modelo eficaz. Ahora corresponde a los gobiernos de las comunidades responder con responsabilidad, que es garantizar que se atiende igual con los mismos requisitos y las mismas condiciones a los pacientes independientemente de la comunidad autónoma donde residan", explicó Farjas a los periodistas tras explicar los Presupuestos de su departamento.

Además de las comunidades autónomas, varias sociedades médicas han expresado su oposición ante esta medida que afecta a enfermos crónicos y enfermos de cáncer, que deberán abonar un 10 por ciento, con un tope de 4,20 euros.