Así lo ha manifestado la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, quien ha clausurado la jornada ‘La familia, agente de inclusión de las personas con discapacidad’,advirtiendo que hay que tener en cuenta las situaciones específicas que vive cada familia con personas con discapacidad a la hora de diseñar las políticas públicas.

La directora de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), Julia Pérez, quien también ha clausurado la jornada, ha hablado de la importancia de aunar esfuerzos por parte de las entidades de la discapacidad y las específicas de las familias.

Previamente, Mayte Gallego, de la Comisión de la Mujer del Cermi, ha denunciado que una de las mayores limitaciones a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad se da en su ejercicio de la maternidad. “Todavía no podemos acceder a los procesos de adopción, a métodos de reproducción asistida, seguimos siendo cuestionadas a la hora de ejercer nuestra maternidad en el cuidado de hijos, y se aceptan supuestos de discapacidad en casos de divorcio”, alertó.

Con respecto a la legislación que establece la garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad a formar una familia, a casarse o a tener otro tipo de unión, a decidir el número de hijos y a su salud reproductiva y sexual, Gallego aseguró que este reconocimiento normativo de sus derechos, “en la realidad no se cumple”.

En este sentido, habló de la doble desventaja que tienen las mujeres con discapacidad, quienes, a su vez, tienen las mismas necesidades y preocupaciones que el resto, pero en determinados casos, requieren de apoyos ante las múltiples barreras a las que se enfrentan. Entre los ejemplos de las violaciones más duras que sufren las mujeres con discapacidad, Mayte Gallego apuntó a la esterilización forzosa y al aborto coercitivo, que se siguen practicando sin consentimiento de las propias mujeres.

Por ello, según apuntó Gallego, desde el Cermi se reclama el avance en apoyar que los niños gocen del derecho de estar con sus madres y padres y disfrutar de sus derechos; cambiar actitudes discriminatorias en relación con la maternidad; adoptar medidas necesarias para la concienciación sobre las mujeres y niñas con discapacidad; informarlas de sus derechos; contar con su opinión; o formar a profesionales.

El asesor jurídico del Cermi, Óscar Moral, aseguró, en el marco de su ponencia sobre el mapa sobre la exclusión de las familias con personas con discapacidad, que el número de consultas que reciben relacionadas con las familias de las personas con discapacidad “es un número alto”, que supone casi el 9,5% del total que atienden.

Así, en materia de familia y educación, en 2010, el Cermi recibió un 8% de consultas; en 2011, un 7,71%; y en 2012, un 10,41%.

Según aseveró Moral, los temas derivados del ámbito familiar y de la igualdad ante la ley son los que más indefensión producen; y temas como el derecho a la paternidad, la adopción, las separaciones y divorcios, o la educación por razón de discapacidad son las consultas que más atiende el Cermi.

Desde el movimiento asociativo, responsables de entidades como Feaps, Feafes, Fiapas, Aspace, Cnse y Fespau, han reclamado la necesidad de potenciar el papel del movimiento asociativo, cuyo núcleo es la familia; informar a las familias de personas con discapacidad; de asesorarles; crear concienciación social; crear alianzas entre familias, usuarios y profesionales; al mismo tiempo que han manifestado que es también necesario la mejora de las habilidades de las familias para afrontar la situación de discapacidad de alguno de sus miembros.

Por parte de los partidos políticos, la portavoz de Servicios Sociales del Grupo del PP en el Senado, Ángeles Ortega; la portavoz de Discapacidad del Grupo Socialista del Congreso, Laura Seara; y la portavoz de la Discapacidad del CPC-CiU en el Congreso, Concepción Tarruella, abordaron hoy la discapacidad en las políticas públicas de familia y, en líneas generales, han reconocido la importancia de otorgar a la familia el papel de inclusión que ejerce con respecto a las personas con discapacidad.

El PP, por su parte, recalcó que es el sistema el que debe adaptarse a la persona, y no al contrario, al mismo tiempo que ha apostado por erradicar la discriminación, fomentar la conciliación para mujeres con discapacidad y asegurar la atención temprana.

En esta línea, el PSOE aseguró que el diseño de políticas inclusivas garantiza la salida de la crisis y ha apostado por una mayor inversión social; y CPC-CiU manifestó que esperan una Ley General de Protección de las Familias, en las que queden contemplados los casos de familias con personas con discapacidad.