Cabra de Luna participó este lunes en Madrid en una jornada organizada por Fundación ONCE y Fundación Aequitas en el Colegio Notarial de Madrid sobre ‘La reforma del Código Civil para su adecuación al artículo 12 de la Convención de la ONU’. En su intervención, el también portavoz de la Comisión de Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad, aseguró que uno de los principales retos radica en el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Según dijo, este reconocimiento sin reservas “es esencial y condición básica” para el ejercicio de cualquier derecho y para evitar lo que podemos llamar la “esterilización civil”.

La inauguración de la jornada también contó con la participación del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Javier Polo, quien destacó la implicación del Ministerio Fiscal en esta materia. En su opinión, es necesaria una modificación legislativa que facilite el acceso a la administración de justicia por parte de las personas con discapacidad.

Desde la Fiscalía, Polo abogó por aumentar el control a los apoyos de las personas con discapacidad, especialmente después de las sentencias, al tiempo que propuso una protección integral de las personas con discapacidad frente a la vulnerabilidad que puedan sufrir.

Por último, el presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado, José Manuel García, se refirió a la necesidad de que las personas con discapacidad sean atendidas, no sólo desde el punto de vista asistencial sino también desde el punto de vista jurídico.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos. España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge.