A juicio de Famma, “ello provoca que se estén vulnerando distintos preceptos establecidos tanto en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad, como en la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

La federación, que remitió recientemente un total de 53 denuncias al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras relativas a los ayuntamientos que incumplen con la obligación de contar con un taxi adaptado, reitera en una nota que existe una “dejación total y absoluta” por parte de estos municipios madrileños, dado que no han implementado acción alguna que permita dar pleno cumplimiento a los preceptos establecidos en ambas normativas.

El citado decreto establece, en su artículo 20.3, que “en el Área de Prestación Conjunta que realiza la gestión integrada del servicio de taxi de Madrid y otros municipios de su área metropolitana existirá, al menos, un vehículo autotaxi adaptado por cada municipio que forme parte de la misma”. Asimismo, también recoge que “las Administraciones Públicas, mediante planes periódicos, vigilarán que las personas con movilidad reducida dispongan de suficientes vehículos de autotaxis adaptados que cubran las necesidades de las mismas”.