La medida se aprobó por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja y aboga, en concreto, por que el Ejecutivo, en colaboración con el resto de administraciones públicas, “trabaje con el fin de adoptar las medidas necesarias para que tanto en la formación para el estudio, como en la continua, se promuevan cursos a los que puedan acceder las personas con una minusvalía como la sordera, teniéndose para ello que incluir dentro de los mismos a intérpretes de lengua de signos”.

En la defensa de la iniciativa, la diputada de Izquierda Plural Ascensión de las Heras señaló la necesidad de que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para que las personas con sordera o discapacidad auditiva puedan acceder al empleo y a los planes de formación como el resto de los ciudadanos.

A este respecto, Carmelo Gómez, del PP, indicó que si bien el Gobierno acoge de buen grado las medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el caso que plantea la Izquierda Plural concierne a las comunidades autónomas.

No obstante, añadió el diputado popular, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha impulsado políticas en favor de los ciudadanos con discapacidad siempre que le ha sido posible y a pesar de la situación económica con la que se encontró al llegar al poder.

Estos argumentos no amilanaron al PSOE, que vio “positivo” el debate de la iniciativa y que en boca de su diputada Guadalupe Martín advirtió de que la formación es imprescindible para el acceso al empleo, vital para las personas con discapacidad.

Por su parte, Tony Cantó, de UPyD, se manifestó “a favor” de la proposición de Izquierda Plural, si bien pidió al grupo parlamentario que aclare un poco el texto, a su juicio “confuso”, y que mejore su lenguaje, ya que incluye términos ya en desuso, como “minusvalía”, al referirse a “discapacidad”.