Ruth expuso su trabajo como empresaria en el ámbito de la tecnología accesible en la mesa redonda ‘Políticas para un mercado de las TIC accesibles’ en el marco del V Congreso DRT4All que se está celebrando en Madrid organizado por Fundación ONCE. En su intervención contó cómo lograron que los inversores apoyaran a su empresa en la que más del 80% de los trabajadores tienen alguna discapacidad.

De su experiencia y sus viajes por todo el mundo concluyó que España va por delante en este ámbito. “Nos sorprende lo lejos que habéis conseguido llegar y el mundo os mira”.

También adelantó que está escribiendo un libro en el que se recogen las mejores prácticas en este campo “y España es el país que más éxito tiene”. “El mundo tiene la vista puesta en ustedes, aunque todavía quede mucho por hacer”. Entre otros logros se refirió al transporte en España y a los hoteles accesibles, entre los que citó Confortel, la cadena de Hoteles de la ONCE.

La mesa redonda también contó con la participación del jefe de Área de Proyectos del Ministerio de Fomento, Ángel Cabo, quien reconoció que las barreras psicológicas son las más difíciles de suprimir y que una vez superadas resta ponerse a trabajar y entre todos eliminar las barreras físicas. En su intervención se refirió al proyecto para mejorar la información en viaje para las personas con discapacidad y que tiene que ver con la señalética, la información acústica, los accesos a los trenes, las rampas, etcétera.

Según dijo Cabo, existen dos actuaciones. Por un lado, una norma reguladora sobre dotación mínima y especificaciones técnicas. La otra propuesta es optar por incluir la accesibilidad como exigencia tecnológica en los procesos de renovación de concesiones del transporte público interurbano.

También recalcó la necesidad de identificar y difundir buenas prácticas en esta materia y de avanzar en un plan de modernización de los servicios de transporte rural de viajeros. “Nuestros límites son las competencias”, reconoció, por lo que insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones. “La tarea es delicada, ha de ser insistente y espero que con la colaboración de las tres administraciones y, sobre todo, de Fundación ONCE, podamos llevarla a cabo”.

CONECTAR LA ACCESIBILIDAD A LA COMPRA PÚBLICA

Por su parte, David Capozzi, director de la Comisión de Accesibilidad del Gobierno de los Estados Unidos, explicó que esta comisión, creada por el Gobierno Federal hace 40 años, está formada por 29 personas y cuenta con un presupuesto de 7,4 millones de dólares para 2013. El objetivo es, en palabras de Capozzi, “conectar la accesibilidad a la compra pública”.

Entre sus ámbitos de actuación, destacó el transporte, la comunicación o los diagnósticos médicos con el objetivo de contribuir al desarrollo de equipos, productos o servicios accesibles, así como ofrecer asistencia gratuita y formación en apoyo técnico.

Entre los retos en el ámbito de las compras públicas, subrayó que existen en la actualidad errores de accesibilidad a las webs de inicio, como imágenes sin pie, así como fallos en la implementación de las compras por problemas de accesibilidad web.

En esta línea, destacó el desarrollo de una plantilla para que las agencias puedan informar sobre la implementación legislativa, de modo que en 2014 todas las agencias de compras públicas tendrán que presentar una declaración de accesibilidad de todas sus webs.

Asimismo, explicó que se está abordando una norma europea de accesibilidad a las TIC dada la falta de un consenso en el establecimiento de unos requisitos de accesibilidad “testables” que los fabricantes utilicen.

Según dijo, la elaboración de leyes y su cumplimiento lleva su tiempo, por lo que apostó por seguir investigando pero también por “hacer un seguimiento para continuar la implementación de las normas existentes”.

Por último, el director general de la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), Juan Luis Quincoces, aseguró que en España existe mucha legislación, aunque es “mejorable”, y lamentó que exista un déficit importante de cumplimiento, que no se eleven quejas ni se implementen sanciones. “Lo que esta aprobado en el Parlamento hay que cumplirlo”, apostilló.

Desde su punto de vista, las compras públicas son un motor muy potente y consideró un “delito” realizar compras que van contra las normas vigentes. Además, subrayó la importancia de, a la hora de implementar un proyecto, exigir que se adjunte un informe de no discriminación de grupos en riesgo, como se hace con el informe de impacto ambiental.