“Esperamos que este no sea el último juicio del llamado ‘caso Faisán’ y que los responsables de la delación delictiva sean juzgado”, dijo el abogado del PP, Alexis Godoy, en el informe que presentó esta mañana en el juicio contra Pamies y Ballesteros, a los que se acusa de ser los autores materiales de la delación que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa) y con la que se alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.

Godoy explicó que “es difícil” que una delación como la del ‘Faisán’ “se les ocurra a dos policías”, por lo que aseguró que Pamies y Ballesteros actuaron siguiendo las órdenes “de las más altas instancias policiales y políticas”. Señaló en este sentido al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, quien estuvo imputado en el ‘caso Faisán ’ pero que finalmente no fue procesado. El letrado fue también más allá y dijo que García Hidalgo también debió actuar “siguiendo instrucciones de sus superiores”.

“Estamos ante unos hechos gravísimos y unas decisiones que solo pueden ser adoptadas por las más altas instancias políticas”, dijo el abogado del PP ante el tribunal.

MÓVIL POLÍTICO

Godoy afirmó además que el móvil de la filtración “no tiene duda” y que la delación “fue política”. Dijo en este sentido que Ballesteros y Pamies pusieron en conocimiento de ETA “una información muy relevante” y a sabiendas de que con ello se “frustrarían años y años de investigación”.

En el mismo sentido se pronunció el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Antonio Guerrero, quien aseguró por su parte que el ‘chivatazo’ tuvo “un móvil político” y añadió que en la delación, además de los acusados, participaron “otras personas que no están siendo juzgadas”.

En lo referente al “móvil político”, Guerrero destacó en este sentido la conversación que mantuvo el dueño del bar ‘Faisán’, Joseba Elosua, con su yerno, Carmelo Luquín, cuando se desplazaron a Francia tras recibir el ‘chivatazo’, y que fue grabada gracias a la baliza instalada en el coche. El objetivo de este desplazamiento era alertar al miembro del aparato de extorsión de ETA José Antonio Cau Aldanur de la operación que se iba a llevar a cabo contra la banda terrorista.

En ese trayecto, Elosua le relató a su yerno el contenido de la conversación que acababa de mantener. El dueño del ‘Faisán le explicó a Luquín que su interlocutor le había dicho que era necesario “no fastidiar el proceso” y le habló de la “situación política”.

“Está acreditado el móvil político de la llamada cuando Elosua, de forma espontánea y sin saber que era escuchado, relata a su yerno lo que su interlocutor le había dicho”, explicó el letrado de la AVT.

La representación procesal de la asociación pide ocho años de cárcel para Ballesteros y ocho años y medio para Pamies al acusarles de un delito de colaboración con organización terrorista.

OTRAS PERSONAS IMPLICADAS

Guerrero aseguró ante el tribunal las “pruebas indirectas” han permitido acreditar la participación de Pamies y Ballesteros en el ‘chivatazo’, quienes habrían participado en la delación “junto a otras personas que no están siendo juzgadas”.

Entre todas las pruebas recabadas, el letrado de la AVT subrayó el cotejo de las más del 1.000 llamadas telefónicas que tuvieron lugar en la zona del bar ‘Faisán’ en el momento en el que tuvo lugar el ‘chivatazo’, de las cuales “una y solo una tiene lugar entre dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía”. El abogado se refirió así a la llamada registrada entre Pamies y Ballesteros a las 11.23 horas, y que, según las acusaciones, sirvió para que el comisario alertase a Elosua de la operación antiterrorista que se iba a llevar a cabo.

“Hay muchos más datos que corroboran que esa llamada fue la de la filtración”, dijo Guerrero y destacó la cinta de vigilancia del exterior del bar ‘Faisán’, en la que se ve a Ballesteros abandonar el establecimiento tras la finalización de la conversación telefónica, o el hecho de que Pamies “conocía los detalles restringidos de la operación”.

COLABORACIÓN CON ETA

El abogado de la AVT aseguró por último que Pamies y Ballesteros cometieron un delito de colaboración con organización terrorista y acudió a la jurisprudencia para sostener que esta figura legal castiga las acciones que sirven para “facilitar cualquier actividad de la organización” y “no solo sanciona la adhesión ideológica”.

Guerrero destacó que los acusados suministraron a la banda terrorista “información efectiva y relevante” como lo demuestra el hecho de que cuando se llevó finalmente a cabo la operación contra el aparato de extorsión, en junio de 2006, no se encontraron ni pruebas ni el dinero de la extorsión. El abogado también destacó que en el momento del ‘chivatazo’ “no había ninguna negociación” entre ETA y el Gobierno.

La abogada de la asociación Dignidad y Justicia, Vanesa Santiago, aprovechó su informe ante el tribunal para tratar de desmontar la estrategia de las defensas a la hora de intentar desacreditar las pruebas acumuladas contra los acusados.

La letrada, de esta forma, aseguro que las dudas planteadas por las defensa en torno, principalmente, al vídeo del exterior del bar ‘Faisán’ y a la grabaciones de la baliza instalada en el coche de Elosua “han quedado suficientemente despejadas”.

“Entendemos que las alegaciones formuladas por las defensas y las peticiones de nulidad han quedado abocadas al fracaso”, dijo Santiago.

COARTADA “INVEROSIMIL”

La letrada de Dignidad y Justicia tildó de “inverosímil e increíble” la coartada de los acusados, según la cual Pamies no tuvo nada que ver con el chivatazo si no que ese día, el 4 de mayo, se iba a reunir en el sur de Francia con un miembro de ETA apodado ‘Romano’ que era confidente suyo. Según esta versión, el jefe superior de Policía en el País Vasco envió a Ballesteros a la zona del ‘Faisán’ para que comprobase si era seguro cruzar la frontera con Francia para poder reunirse con su confidente.

La abogada destacó que Pamies, como jefe “máximo” de la policía en el País Vasco, conocía de antemano el despliegue de los agentes en la frontera, por lo que no tenía sentido enviar a Ballesteros para comprobar algo que ya sabía. También tildó de ‘inverosímil’ el hecho de que Pamies decidiese citarse con su confidente precisamente el mismo día en que se iba a llevar a cabo un operación contra el aparato de extorsión de ETA y en que se iban a producir detenciones de etarras en Francia, poniendo así en peligro a su ‘soplón’. “Pamies faltó a la verdad”, dijo Santiago antes de añadir que las palabras del confidente ‘Romano’ ante el tribunal, con las que respaldó la coartada del comisario, son en realidad “la declaración de un estómago agradecido”

La representación de Dignidad y Justicia solicita nueve años de prisión para Ballesteros y diez años para Pamies por un delito de colaboración con organización terrorista. La abogada dijo con respecto a esta figura penal que ha quedado demostrado que “dos mandos policiales” pusieron “determinadas informaciones en conocimiento de miembros de la organización terrorista, evitando su detención”.

REVELACIÓN DE SECRETOS

El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, escuchará ahora los argumentos de las defensas de Pamies y Ballesteros.

El fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, realizó el pasado jueves su informe, en el que animó hoy a los dos acusados a hablar “como Amedo en los GAL” una vez sean condenados ya que hay indicios de que “había más personas” implicadas en el ‘chivatazo’ y situadas “más arriba”.

Bautista decidió mantener el delito de colaboración con organización terrorista en su acusación contra Pamies y Ballesteros, para los que pide cinco años de cárcel por la colaboración con organización terrorista y, alternativamente, dos años de cárcel para el comisario y un año y medio para el inspector por un delito de revelación de secretos y, alternativamente.

El fiscal hizo especial hincapié en el hecho de que es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el que le ha obligado a mantener el delito de colaboración con ETA contra los dos procesados.