El portavoz de CiU y defensor de la iniciativa original, Carles Páramo, explicó que son mayoría los entes locales que han formulado unos presupuestos equilibrados y que “no han necesitado solicitar un crédito” al Estado para pagar a sus proveedores. Ayuntamientos, enfatizó, que han actuado “de forma responsable, prudente y conscientes” de que los recursos públicos también son finitos.

Señaló que la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aprobó con urgencia y en la prisa para su tramitación se otorgó una misma normativa a las entidades locales saneadas que a las entidades locales altamente endeudadas, “lo cual hoy constituye un problema para el propio funcionamiento de las entidades gestionadas con rigor”, advirtió.

En este contexto, indicó que hay administraciones locales que tienen un nivel de endeudamiento por debajo de los límites fijados en la citada Ley de Estabilidad Financiera, que acumulan remanentes de tesorería importantes y que pagan a sus proveedores en plazo. Estas administraciones, a juicio de CiU, “no deberían ser castigadas” por la ley de estabilidad, pues son administraciones que deben poder seguir gestionando con rigor sus competencias y que además “pueden ayudar a la recuperación económica con sus inversiones, pueden contribuir a recuperar empleo y deben ayudar a la recuperación del consumo pagando a sus empleados de acuerdo con lo estipulado”.

Por ello, la proposición no de ley original pedía del Congreso que inste al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con el fin de permitir que los entes locales que dispongan de superávit presupuestario (en términos SEC) y de remanente positivo de tesorería, y a la vez no superen los límites de endeudamiento establecidos legalmente, puedan destinar el remanente a inversión, financiación de políticas locales de creación de empleo y planes de empleo para personas desempleadas, reposición de las plazas vacantes en la plantilla, justificando su necesidad, y cumplimiento de los pactos laborales en lo que respecta a los salarios.

La enmienda acordada con el PP reduce algunas expectativas de la propuesta inicial, pero mantiene el espíritu de dejar de penalizar a los consistorios cumplidores en el manejo frente a los que no lo son.

En el turno de intervenciones, Uxue Barkos (Geroa Bai), del Grupo Mixto, manifestó compartir que la ley “castiga a esos ayuntamientos que lo habían hecho bien” por lo que la propuesta “permitiría atender en condiciones” áreas municipales tan relevantes como la de bienestar social.

Ana Oramas (CC), también del Grupo Mixto, recalcó que “no se puede tratar igual a los cumplidores que a los no cumplidores” por lo que anunció su respaldo a la propuesta, pues en su opinión “lo lógico es que un ayuntamiento tenga plena disposición de sus fondos”. Del mismo grupo parlamentario, Teresa Jordá (ERC) denunció que la Administración General del Estado, siendo la que más deuda tiene de entre las administraciones, “presiona a las autonómicas y locales para reducir su deuda cuando ello supone recortes directos en políticas sociales”.

Por UPyD, Álvaro Anchuelo manifestó su respaldo a la proposición no de ley pero pidió clarificar qué planes de empleo se apoyarían, no del tipo del ‘Plan E’, impulsado en la recta final del Gobierno Zapatero, que criticó. Laia Ortiz (GIP) reclamó que la inversión prevista en la iniciativa se traduzca en “inversión social”, la que repercute directamente sobre las personas.

En su intervención, el portavoz socialista, Joan Rangel, tras expresar que su grupo ya presentó, sin éxito, una iniciativa similar hace unos meses, aprovechó la ocasión para reprochar al proponente, CiU, que en su día apoyó la ley que ahora quiere enmendar, una norma que para el PSOE supone “un instrumento para progresar en el desmantelamiento del Estado del bienestar”.

Rosa María Romero, del PP, quien escenificó el acuerdo alcanzado con CiU para sacar adelante esta proposición no de ley, uso su tiempo también para replicar a su homólogo socialista y denunciar que en la etapa del gobierno de Rodríguez Zapatero “por más que se anunciaron una ley de apoyo a los gobiernos locales o una nueva financiación local, nunca llegó. Por tanto”, espeto a Rangel, “en esta materia, lecciones, ninguna”.

Cerró la ronda de intervenciones el diputado del PNV Pedro Azpiazu afirmó que aun no siendo nueva la propuesta de CiU “tiene todo el sentido del mundo”, y remarcó que “los buenos gestores no han de pagar las facturas de los ineficientes que gastan por encima de las posibilidades”.