Así lo afirma en una entrevista concedida para el periódico ‘cermi.es semanal’, en la que explica que la gustaría pensar "que estamos en la recta final, por lo menos, en la condición del texto necesario y que es conveniente, no sólo para los pacientes, sino para el funcionamiento del sistema, por razones de eficiencia y de calidad para los tiempos actuales, donde cada recurso sanitario hay que valorarlo al máximo”.

En este sentido, indica que, para que el modelo de coordinación socio-sanitaria sea equitativo, tiene que haber una cartera de servicios socio-sanitarios que sea fruto del consenso y del pacto. Y, al mismo tiempo, como aspectos fundamentales que deben ser incluidos en dicha cartera para las personas con discapacidad, apunta a la fisioterapia; la parte ortoprotésica; la dimensión de cronicidad; y el aspecto preventivo.

Asimismo, Sánchez Fierro reconoce que “sería bueno” que se acabara haciendo una regulación de esta coordinación socio-sanitaria, tal y como planteó el Cermi en un borrador de decreto en el que exponía una serie de propuestas sobre cómo debe ser su funcionamiento, incluida la cartera de servicios.

Por otra parte, entre los proyectos en los que también está trabajando el Consejo Asesor de Sanidad, apunta a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; el baremo de daños con ocasión de una actividad sanitaria; unas propuestas con relación al Año Español de las Enfermedades Raras; la salud en la red, con el objetivo de hacer una historia clínica socio-sanitaria; o unas propuestas sobre cómo mejorar y dar una alternativa de futuro al sector farmacéutico, que ha vivido una situación de inestabilidad “bastante grande”.

Según subraya, el movimiento de la discapacidad, las asociaciones y el Cermi han estado siempre “muy activos” en momentos de dificultad y en momentos de avances y, en este sentido, entiende la preocupación del sector, pero al mismo tiempo destaca medidas adoptadas por el Gobierno a modo de respuesta, como la tramitación del decreto ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones; la nueva normativa en materia de Seguridad Social; o la futura Ley General de la Discapacidad.