Gracias a la mayoría del PP en la Cámara, se rechazaron las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto del Gobierno por parte del PSOE, La Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG, estas dos últimas formaciones integradas en el Grupo Mixto.

En concreto, la enmienda del PSOE, que era con texto alternativo, recibió 115 votos a favor, 176 en contra y 26 abstenciones. Las otras cinco, que eran de devolución, sumaron 135 votos a favor, 175 en contra y seis abstenciones.

De esta manera, la norma proseguirá su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde pasará ahora a debatirse en comisión, con la posibilidad de introducir enmiendas parciales.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender la norma, y destacó que la Autoridad Fiscal es un órgano de supervisión de todos los niveles de la Administración y que “da cumplimiento a exigencias europeas”.

En este sentido, el ministro afirmó que cumplir con lo que marca Europa está contribuyendo a que se “recupere el crédito y la confianza como los estamos haciendo a marchas forzadas”.

Así, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal “va a contribuir formalmente a reforzar la confianza y a acortar la salida de la crisis”.

FALTA DE INDEPENDENCIA

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, destacó que hubiera sido necesaria una autoridad “verdaderamente independiente y que nos sea secuestrada por el Ministerio de Hacienda, que no sea la voz de su amo”. “Así no ganamos nada en términos de inversión extranjera y crecimiento económico”, agregó.

Desde las filas de CiU, el diputado Antoni Picó señaló que el organismo no es independiente y supone “nuevos recortes a la autonomía financiera y vulnera las competencias autonómicas”.

Por su parte, el diputado de La Izquierda Plural Alberto Garzón tildó la propuesta de “poco neutral”, Pedro Azpiazu del PNV lamentó su “falta de independencia” y Álvaro Anchuelo de UPyD señaló que se ha hecho todo lo contrario a la que tendría que ser la autonomía del organismo.

FUNCIONES

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene la función se supervisar globalmente todas las administraciones públicas y hacer cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, su creación responde a una directiva de la Unión Europea de 2011.

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará informes que serán preceptivos y no vinculantes pero, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo.

Además, elaborará un informe anual sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Este organismo se adscribirá al Ministerio de Hacienda, a través del titular del mismo. Su dirección corresponderá a un presidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del responsable de Hacienda.

CAMBIOS EN SOCIEDADES

Por otra parte, el Pleno del Congreso también celebró el debate de totalidad del Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

En este caso, también la mayoría con que cuenta el PP en el Congreso permitió que se rechazaran los vetos presentados por el BNG, La Izquierda Plural y CiU.

Montoro aseguró que todas las medidas que recoge esta ley “tienen un objetivo final que es la consolidación de las finanzas públicas”, a lo que ha de contribuir el aumento de la recaudación.

Esta norma recoge la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a efectos de suprimir la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de entidades, cotizadas y no cotizadas.

Esta medida, que elevará la base imponible del Impuesto, si bien es aplicable a todas las empresas, tendrá una mayor incidencia en las grandes empresas, que son las que tienen participaciones significativas en otras empresas radicadas en España o en el extranjero.

Además, esta norma fija un impuesto indirecto sobre gases fluorados de efecto invernadero e incorpora otras modificaciones tributarias aplicables a la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb).