El objetivo de esta iniciativa, que según algunas informaciones podrían suponer unos 50.000 millones de euros, es poner a los bancos españoles “en igualdad de condiciones” que el resto de entidades europeas, dijo en rueda de prensa Jiménez Latorre.

"Se habrá de ajustar a las reglas europeas”, señaló el secretario de Estado, para agregar que “no esperamos efecto fiscal alguno”.

El hecho de que no vaya a tener impacto se explica porque “hay mucha casuística, mucha partida y tomando las reglas de Basilea y precedentes de otros países uno se hace una composición de lugar”, señaló.

La forma de instrumentarlo estará decidida antes de finales de año porque Basilea III entra en vigor a principios del año que viene, agregó.