En rueda de prensa, el director general de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno, aportó los datos sobre certificados, de los cuales el 77,5% correspondieron a pisos, un 13,6% a viviendas unifamiliares, un 4,5% a oficinas y un 1,7% a locales comerciales y de otros usos.

Los datos de certificación, que se extiende de la A (mayor eficiencia energética) a la G (menor eficiencia), muestran que la E fue la que sumó mayor número de certificados (48,3%), seguida de la G (19,2%), la D (14,5%) y la F (13%), mientras en los últimos lugares figuran las certificaciones que indican mayor eficiencia, la A (0,2%), la B (0,8%) y la C (4%).

López Jimeno aclaró que no es obligatorio tener la certificación A, pero añadió que las personas tienen “afán de superación e interés” por ser más eficientes energéticamente. Además, indicó que el coste de la certificación oscila entre los 100 y los 200 euros para una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados, si bien depende de las tarifas de cada técnico y del número de viviendas a certificar.

Por otro lado, el director general señaló que el ahorro energético puede ser del 20% al 30% del consumo habitual en una vivienda, lo que supone una importante cantidad al año, máxime con el aumento del precio de la electricidad.

Respecto a las multas por no disponer de la etiqueta energética debiendo tenerla, el máximo importe es de 6.000 euros y ya está en marcha una campaña de inspecciones a través de la Dirección General de Industria para constatar que las certificaciones están hechas correctamente y los técnicos son competentes, según explicó López Jimeno, para quien la iniciativa “tiene que servir como un revulsivo y que no se quede en un procedimiento puramente administrativo”.

Finalmente, el director general de Industria, Energía y Minas colocó la etiqueta de eficiencia energética de clase C al edificio de la Consejería de Economía y Hacienda, donde se celebró la rueda de prensa.