Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, a través de una empresa carente de actividad daban de alta fraudulenta a trabajadores extranjeros que previamente habrían abonado una cantidad económica. La finalidad era acumular los mínimos periodos de carencia para obtener los derechos legalmente establecidos y, a la vez, utilizar la documentación para regularizar su situación administrativa en España. El perjuicio ocasionado al erario público, según calcula la Policía, supera los 600.000 euros.

La operación se enmarca en las actividades de investigación que desde la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Tarragona, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Única de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, se llevan a cabo para la localización y detección de empresas ficticias, aquellas que existiendo sobre el papel carecen de cualquier tipo de actividad laboral.

EMPRESA SOSPECHOSA

La investigación se inició a partir de la comunicación por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona de la existencia de una empresa de servicios con domicilio en la localidad de Vilaseca (Tarragona) que podría haber estado simulando relaciones laborales durante cuatro años. La finalidad sería obtener autorizaciones de residencia y trabajo, así como prestaciones y subsidios por desempleo para ciudadanos extranjeros.

Las gestiones realizadas permitieron constatar que la mercantil carecía de actividad desde el año 2008, al no haber realizado operación alguna ni las declaraciones legalmente establecidas. Pese a ello, la empresa daba de alta y baja a supuestos trabajadores, hasta un total de 22, mediante contratos ficticios de trabajo, previo abono de cantidades que rondaban los 500 euros.

La trama contaba con un varón de origen marroquí que realizaba las funciones de captador, ofreciendo los contratos de trabajo fraudulentos a compatriotas suyos, principalmente, en locutorios de Torredembarra y otros lugares de reunión en la provincia de Tarragona.

En la operación han sido detenidas un total de 25 personas, a quienes se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores. El fraude ocasionado al erario público supera los 600.000 euros, originado por el impago de las correspondientes cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social y por el cobro de prestaciones o subsidios de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal.

Según Interior, por parte de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona se tramitarán las correspondientes solicitudes de extinción o revocación de los permisos de trabajo o residencia tramitados irregularmente.