La citada entidad expresa en un comunicado su solidaridad con Haidar y la lucha del pueblo saharaui. "Esperamos y deseamos que la situación se arregle y Aminatou pueda volver a su casa con su familia", asegura.

En cuanto a la alimentación forzosa, Derecho a Morir Dignamente puntualiza que "Haidar no está sujeta a Instituciones Penitenciarias y por lo tanto no se le puede aplicar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la alimentación forzosa en sendas sentencias del Grapo".

"Incluso el Tribunal Constitucional matizó que en ningún caso se podría obrar de esta manera en situaciones de capacidad y libertad de la persona", añade.

Esta asociación explica que "la alimentación forzosa de una persona mayor de edad y libre es un atentado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que emanan de nuestra Constitución, violando los convenios internacionales firmados por España, como el Convenio de Oviedo".

Asimismo, indica que "la alimentación forzosa viola la Ley General de Sanidad de 1986 y la ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, además de todas las leyes autonómicas de voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital, en las cuales se recoge el derecho a rechazar cualquier tratamiento, incluyendo la anticipación a través del documento de testamento vital".

"Todo funcionario (incluyendo a los miembros de este Gobierno), juez, médico o sanitario que participe en el procedimiento de la alimentación artificial está cometiendo –a sabiendas- un delito contra la dignidad y la integridad moral de las personas y puede ser llevado ante los tribunales", asegura.

Además, subraya que "la solicitud de alimentación artificial contra la voluntad de una persona libre, además de un acto de ignorancia, es un acto de totalitarismo imperdonable y rompe con las normas de juego del estado de derecho".

"Hace un daño irreversible, no sólo a Aminatou, sino a todas aquellas personas que, por causas de enfermedad, al final de su vida deciden poner fin a sus tratamientos para poder morir en paz. Es un torpedo a la línea de flotación de los derechos de los enfermos y al trabajo que lleva realizando esta asociación desde hace 25 años", agrega.

Derecho a Morir Dignamente se pregunta finalmente: "Si a la sociedad civil nos quitan las formas pacíficas de lucha, ¿qué nos dejan?".