Para ello, la AEE ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tanto al anteproyecto como a la propuesta de orden de Peajes y a las cinco propuestas de reales decretos que están en estudio.

La eólica, que asegura que con las medidas del Gobierno son la tecnología más afectada, dice la reforma es “retroactiva, discriminatoria, y arbitraria” porque introduce “nuevos elementos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, y que es muy injusta con el sector eólico”.

Para la patronal eólica estas medidas cambian “radicalmente las reglas del juego para el sector” porque se elimina “por completo” el sistema de retribución, tiene caracter retroactivo, no se respetan los criterios de rentabilidad razonable establecidos, se penaliza la eficiencia y la competitividad de la eólica.

La asociación el impacto de estas normas es “tremendamente injusto con un sector que no es culpable del déficit de tarifa y que siempre se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos”.

A su juicio, la normativa “altera radicalmente” los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una “cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca”.

La AEE recuerda que en lo que va de año han cerrado nueve fábricas, se han perdido 3.600 puestos de trabajo eólicos en 2013, y las empresas se plantean quedarse en España.

Por ello, la patronal buscará las vías jurídicas adicionales que permitan reducir los desequilibrios y la incertidumbre causados por la batería de medidas actualmente en trámite.