Este informe favorable, que no vinculante, se pronuncia sobre el proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que todavía no ha aprobado el Ministerio.

En la reunión del pleno del CSN celebrada ayer, los cinco consejeros estudiaron este proyecto normativo, del que ya se habían pronunciado en el pasado mes de mayo, pero que tras algunos cambios por parte del Gobierno, se remitió al Consejo para una nueva valoración.

La central de Garoña se encuentra en parada una vez concluyó el pasado 6 de julio su permiso de explotación, si bien, continúan las labores de mantenimiento de la planta ante una posibilidad de que su propietaria, Nuclenor, solicitase nuevamente su apertura ya que el cierre se debió a motivos económicos y no de seguridad.

En el proyecto, Industria modifica el reglamento e introduce “la posibilidad” de la renovación de la autorización “cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica”.

En su informe, el CSN argumenta que este cambio introducido por Industria “clarifica que la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación válida hasta la autorización de desmantelamiento”.

Y que “introduce la posibilidad de renovación tras la declaración de cese de actividad cuando ésta haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección Radiológica”.

De esta manera, se abre la puerta a que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, puede solicitar si lo desea una nueva autorización para explotar Santa María de Garoña.

Sin embargo, el CSN denuncia una “laguna importante” ya que la futura norma elimina la necesidad de que, un mes antes de que caduque una autorización, el Consejo deba pronunciarse sobre el permiso.

Con este respaldo a la propuesta de Industria, el CSN permite una central que haya cesado “por razones distintas a la seguridad nuclear o la protección radiológica” pueda solicitar “la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la declaración de cese.

El informe salió adelante con los votos favorables de todos los miembros del pleno del CSN a excepción de la consejera Cristina Narbona, que emitió un voto particular, en el que se posiciona en contra de las últimas modificaciones porque considera que “las motivaciones económicas para justificar un cese de explotación no deberían, en ningún caso, considerarse ajenas a las garantías de seguridad nuclear y radiológica”.