Con esta norma, el Ejecutivo da continuidad al sistema cameral en España y reforzará el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las empresas españolas.

Además, contempla la conversión del Consejo Superior de Cámaras en Cámara de Comercio de España. Será un órgano de representación y coordinación de todas las Cámaras y tendrá a su cargo, en coordinación con la red nacional e internacional de Cámaras y las propias Administraciones Públicas, el desarrollo efectivo del Plan Cameral de Internacionalización y del nuevo Plan Cameral de Competitividad, así como el objetivo de impulsar en España la formación profesional dual como ejes centrales de su actividad.

Entre las novedades de la norma está que no recupera el recurso cameral permanente, que se eliminó en diciembre de 2012, y se establece que la financiación de las Cámaras se basará en los ingresos que se generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de empresas.

Ante este nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias y se podrá dar, si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad a las empresas que hayan realizado contribuciones en sus órganos de gobierno.

Estos incentivos estarán limitados a la obligación de mantener la representación mayoritaria en los mismos de todas las empresas a través de un proceso electoral basado en el sufragio universal y la elección democrática de dichos órganos.