Ortiz (ICV) quiere saber si es cierto, como se ha publicado en algunos medios de comunicación, que “la cartera común básica de servicios que está definiendo el Ministerio de Sanidad reserva los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro…) sólo para ‘parejas integradas por un hombre y una mujer’ y siempre que haya problemas de fertilidad”

“En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los motivos que llevan al ministerio de Sanidad a impulsar una medida manifiestamente anticonstitucional como demuestra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha condenado a la sanidad pública del Principado a cumplir con el derecho de una lesbiana a que le sea facilitado el acceso a las técnicas de reproducción asistida y al reintegro de 7.723 euros que gastó la demandante en distintas clínicas privadas para intentar tener descendencia?”, inquiere.

Ortiz quiere saber también el Gobierno tiene la intención de “derogar el artículo 14 de la Constitución que establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

“¿Por qué se empeña el Gobierno en entrometerse en decisiones que tan sólo atañe tomar a las mujeres de tal manera que pretende obligar a ser madres a las que no lo desean e impedírselo a las que así lo han decidido?”, pregunta Ortiz.