En rueda de prensa, el presidente del colectivo de productores APPA, José Miguel Villarig, manifestó que se sienten “engañados y estafados” porque “no se ha respetado ni uno sólo de los parámetros” con los que inicialmente realizaron sus inversiones. “Se rompe con todos los derechos ya adquiridos”.

Villarig aseguró que están “contra las cuerdas” y que el real decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno se realizó “a espaldas del sector”.

En la misma línea se manifestó el presidente de los fotovoltaicos de UNEF, José Donoso, quién señaló que el “único” fin de la medida es el “recaudatorio e ideológico” y que la reducción de la retribución al 7,5%, el cual finalmente será menor por los costes, “va a poner en una situación muy difícil a la mayor parte de las instalaciones”.

“No es un cambio de reglas de juego con el partido empezados, sino un cambio cuando el partido ha terminado y quieres cambiar el resultado”, agregó.

Donoso señaló que la aplicación de la norma hace prever que se van a perder la “casi totalidad” de los 7.000 puestos de trabajo y que se van a deslocalizar empresas. Respecto a la futura regulación del autoconsumo, el presidente de UNEF dijo que se “aniquila” al imponer unos peajes para la energía que se autoproduce y se autoconsume.

Desde Protermosolar, el secretario general, Luis Crespo, criticó que el Gobierno no ha sabido analizar bien el problema y se dejó llevar por las grandes compañías eléctricas, a las que acusó de “demonizar” a la tecnología termosolar.

El presidente de los productores de fotovoltaica Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, declaró que la norma del Gobierno “borda la ilegalidad” y es una “estafa de todo nivel” porque se han cambiado cinco veces las características de esta inversión en apenas cinco años.

Martínez-Aroca remarcó que con la reforma se hunde al sector de las renovables y calificó de “impresionante” la decisión porque, a su juicio, entre “políticos y eléctricas, no hay separación de poderes” y con la norma “no se les ha tocado ni un pelo” a las compañías eléctricas.

“Se ha expropiado, arruinado, a un sector que no ha hecho más que confiar en el Estado”, agregó.

Los distintos representantes de las energías renovables denunciaron que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no se les ha consultado ni explicado la reforma emprendida y que todavía desconocen muchos de los aspectos que repercutirá en su negocio.

En virtud de las disposiciones del RD-L 9/13, las renovables denuncian que verán “radicalmente sustituido” su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una “rentabilidad razonable” en función de “parámetros desconocidos” y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1.300 millones de euros.

Según datos que maneja APPA, actualmente, el sector de las energías renovables tiene una deuda que ascienda a 40.000 millones de euros de los que 20.000 son de las fotovoltaicas, 10.000 de las eólicas y 10.000 de la termosolar. De los 20.000 de los fotovoltaicos, según UNEF, dos terceras partes están en manos de los bancos, por los créditos concedidos.

Ante esta situación, Donoso apuntó que este azote a las renovables obliga a los bancos a provisionar esta cantidad.

Desde estos colectivos anunciaron que ya trabajan en las distintas acciones jurídicas que puedan realizar contra las decisiones que adopte el Gobierno y que se sumarán a las distintas que ya están en los tribunales. “Cuando agotemos las vías nacionales, iremos al Tribunal de Justicia de la UE”, aseguró Martínez-Aroca.