El Consejo General de la Abogacía Española, la editorial La Ley y Metroscopia presentaron este martes en rueda de prensa el estudio, para el que se han tenido en cuenta más de 7.000 documentos aportados por los 83 colegios de abogados de España y los resultados de las entrevistas realizadas por Metroscopia a 400 abogados de Turno de Oficio.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, explicó que la reducción de casi 25 millones en la inversión destinada a garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia gratuita corresponde a la caída del baremo en la retribución de los abogados que trabajan en este apartado.

El informe, supervisado por un comité de expertos independiente, concluye que las comunidades autónomas que menos presupuesto destinaron a la justicia gratuita en 2012 fueron Valencia, que redujo un 40% la inversión, Galicia (15%), Madrid (13%) y Cataluña (8%). Por el contrario, la investigación detectó un incremento de la financiación en algunas comunidades que más están sufriendo la crisis económica: Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía.

El estudio concluye que el servicio de Turno de Oficio absorbe el 66% destinado por las administraciones públicas a la justicia gratuita. Por su parte, el servicio de Asistencia Letrada al Detenido recibió el año pasado un 20% del presupuesto y el de Violencia de Género un 4%.

Entre los principales problemas detectados en la encuesta de Metroscopia, un 78% considera que no se garantiza el cobro de las actuaciones judiciales desempeñadas por los abogados de oficio, el 57% apunta a las condiciones de acreditación de los abogados y un 54% a los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para acceder a este servicio.

Asimismo, un 89% de los entrevistados cree que la justicia gratuita tiene que seguir dependiendo de los colegios de abogados españoles y estima que debe ser un servicio desempeñado por abogados independientes.

Por su parte, Lara presentó algunas de las 17 recomendaciones planteadas por un comité de expertos al anteproyecto de ley de Justicia Gratuita: la necesidad de que las víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos acrediten una insuficiencia de recursos económicos para acceder a la justicia gratuita, se debería incluir el servicio de orientación jurídica penitenciaria, establecer los medios suficientes para asegurar que el abogado cobre por su actuación profesional y la creación de la Comisión de seguimiento del sistema de justicia gratuita.