La aprobación de este decreto era el último paso necesario para finalizar este proceso, que comenzó el Gobierno regional en octubre de 2012 con la constitución de una comisión asesora. En esta comisión, formada por representantes del entorno artístico y social de la jota, se adoptó por unanimidad un acuerdo en el que se recogen y reconocen los valores que justifican la declaración de la jota como BIC Inmaterial.

El decreto de declaración de la jota aragonesa como BIC viene acompañado por las conclusiones de esta comisión asesora. Así, se establece que por su singularidad y como una de las más acendradas manifestaciones del folclore de la comunidad autónoma es un activo esencial de su patrimonio cultural.

Su riqueza, tanto musical como en el repertorio de sus letras (coplas, cantas y estribillos) y bailes, y la variedad de sus registros, desde la sátira a la elegía, suscitan en la población aragonesa un sentimiento muy profundo e inmediato de pertenencia a un territorio y de identificación con su pasado, según el Ejecutivo autonómico.