Según informó hoy el PP, Pujalte hizo hincapié en que este nuevo proyecto busca mejorar las condiciones de competitividad de la economía española” y “simplificar la carga administrativa de las empresas, sobre todo de los autónomos y de los pequeños emprendedores, que es a los que más les afecta”.

“Es una ley que respeta profundamente el marco autonómico y las competencias de cada comunidad autónoma, y lo único que persigue es que las empresas se puedan mover por todo el territorio nacional sin 17 cargas administrativas, sin 17 marcos jurídicos diferentes que suponen un gasto adicional y una barrera de entrada en muchas comunidades autónomas”, dijo.

Martínez-Pujalte señaló que las comunidades “pueden y deben seguir legislando dentro de sus competencias”, pero que las empresas, si cumplen el marco jurídico y obtienen la licencia en la comunidad donde tienen el domicilio, “podrán ejercer en el resto del territorio nacional sin restricción alguna”.

Cuando la ley esté en el BOE, aseguró Martínez-Pujalte, “se facilitará la creación de nuevos puestos de trabajo y, por tanto, va a dar más oportunidades a las empresas, sobre todo a las pymes y a los emprendedores”. “Las grandes empresas pueden costearse gabinetes jurídicos, pero son las pequeñas a las que más les dificulta tener que ajustarse a 17 leyes diferentes”, concluyó.