“Mientras desmantelan el sistema público, dan pasos hacia la beneficencia. Los programas puntuales son parches que ni van a la raíz del problema ni lo abordan en su integridad”, denunció la presidenta del CGTS, Ana Lima, quien agregó que “estos planes tan pronto como se crean, se pueden anular, no son garantía de nada”.

El Consejo alertó de la gravedad de la situación, porque supone un cambio de paradigma. “Los y las trabajadoras sociales rechazamos que sea la caridad la que prime sobre los derechos sociales, porque eso va en contra del principio de justicia social”, manifestó Lima.

El último ejemplo de esta “vuelta a la beneficencia”, denunció el CGTS, es el nuevo sistema de subvenciones sociales que aprobará esta tarde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Las ayudas de emergencia, antes, puntuales, se están generalizando y sustituyendo a la red pública de servicios sociales, sostiene.

Otra muestra de esta campaña es la aprobación del Plan Social de Apoyo a ONG, dotado con 700 millones, afirma este Consejo. Según anunció el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace unos días, este presupuesto se destinará a las entidades sociales que actúen en la ayuda a familias en riesgo de exclusión, la atención a las personas mayores y la discapacidad.

El CGTS aplaude este plan, pero recuerda a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que no puede delegar en la iniciativa social la protección a estos grupos. “El Tercer Sector es muy necesario, pero siempre es complementario a la red pública”, insistió Lima. La presidenta de los trabajadores sociales recuerda que la atención a esos grupos, entre otros, se financiaba con el Plan Concertado que el Gobierno ya ha anunciado que dejará de pagar en 2014. El Plan Concertado es un acuerdo tripartito entre Estado, Autonomía y Ayuntamiento, en que se las tres administraciones se reparten la financiación de los servicios sociales municipales. La aportación estatal a esta partida sufrió un recorte del 42,2% en 2012 y del 40% en los presupuestos de este año.

Por otra parte, el CGTS también advierte al Consejo Territorial de Servicios Sociales y dependencia que deje de criminalizar a los y las beneficiarias de la Ley de Dependencia con la aprobación del nuevo modelo de información del Sistema de Dependencia. “No olvidemos que 213.824 personas siguen esperando una ayuda reconocida por ley”, recordó Ana Lima.

“Todo indica que el Gobierno apuesta por debilitar lo público”.

Según indica la presidenta del CGTS, “parece una contradicción que se hable de acciones para paliar la situación de emergencia reforzando el Tercer Sector y, por otro lado, se elimine el Plan Concertado y se cuestionen la prestación integral a las familias desde los servicios sociales municipales con la reforma local”.