Así lo explicaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quienes dieron cuenta de las líneas generales del informe que ha elaborado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) desde el pasado mes de octubre.

Sáenz de Santamaría bromeó señalando que el documento es "sietemesino" y ahora necesita "algo de incubadora" para poner en marcha todas las reformas contempladas, aunque ensalzó el “trabajo gigantesco, titánico e inédito en la historia de nuestra democracia” que han elaborado los expertos de la CORA con medios propios y sin necesidad de recurrir a una auditoria externa.

La vicepresidenta destacó los 37.700 millones de euros que se ahorrarán el conjunto de las administraciones públicas con todas las medidas que rodean esta reforma, aunque las incluidas en el informe de la CORA sólo supondrán una disminución del gasto de 6.500 millones de euros en toda la legislatura, según precisó posteriormente a Servimedia el presidente de la Comisión, Jaime Pérez Renovales.

Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo ha sido “muy prudente” en la cifra de ahorro que va a suponer la reforma de la Administración, ya que no están contemplados los “ahorros inducidos” que se generarán paulatinamente en el sector público.

A todos estos beneficios económicos, el Gobierno añade los 16.300 millones de euros que augura que se ahorrarán los ciudadanos cada año con las medidas telemáticas que van a ponerse en marcha, ya que permitirán que muchos de los trámites burocráticos que ahora exigen desplazamientos y complejos papeleos puedan realizarse a través de Internet en menos tiempo y con costes mínimos.

37.700 MILLONES DE AHORRO GLOBAL

El Gobierno considera que el conjunto de las administraciones públicas ahorrarán 37.700 millones de euros a lo largo de esta legislatura con las medidas de la CORA y otras dos reformas aún más importantes en términos económicos: la reforma de la administración local y los recortes en el sector del empleo público.

Sáenz de Santamaría reconoció que, de esos 37.700 millones de euros, “más de la mitad” llegarán gracias a las decisiones extraordinarias que se han tomado en el empleo público, como la supresión de la paga extra de Navidad del año pasado, el despido de interinos, los cambios en la jornada laboral o la tasa de reposición cero.

Sólo en este año 2013, el Gobierno espera que la Administración General del Estado ahorre 728 millones de euros con las medidas de personal, 3.238 millones en las comunidades autónomas y 876 millones en las corporaciones locales.

Advirtió de que habrá más recortes de empleo en el sector público porque, con la supresión de organismos, observatorios y fundaciones que contempla el informe de la CORA, “algunos asesores tendrán que salir”. No obstante, subrayó que serán “cargos eventuales” o personal de confianza cuyo empleo dejará de tener sentido al desaparecer muchos de los puestos políticos o de representación.

De los 37.700 millones de euros que el Gobierno espera ahorrar en toda la legislatura con las medidas de la CORA, la reforma local y los recortes de empleo público, Sáenz de Santamaría indicó que 17.500 millones corresponderán exclusivamente al ejercicio 2015. Ese año, el conjunto de las administraciones gastará 17.500 millones de euros menos que cuando empezó la actual legislatura en 2011. Los otros 20.200 millones de euros corresponden al ahorro que paulatinamente están provocando las medidas ya aplicadas desde 2011 y las que están previstas hasta 2014.

Tanto la vicepresidenta como el ministro de Hacienda expusieron que la reforma de la administración conlleva la puesta en marcha de otras reformas, como la factura electrónica que el Consejo de Ministros aprobará el viernes que viene, la modificación de la Ley de Subvenciones antes doce meses y una revisión profunda de la normativa de la administración que se elaborará con mayor calma para hacerla “muy bien”.

Otra de las medidas estrella es la creación de una “ventanilla única” para que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones con las distintas administraciones. El Gobierno destacó que el proyecto ya es una realidad, dado que se ha realizado “una prueba piloto” con los ayuntamientos de Gijón y Molina de Segura en la que todo ha salido bien. Por eso, a partir de ahora se extenderá su aplicación al resto de municipios con la colaboración de la FEMP.

La vicepresidenta subrayó que el objetivo de todas estas medidas es tener “una administración más cercana, más eficiente y más fiable” a los ciudadanos. Para conseguirlo, se mostró convencida de que las comunidades autónomas colaborarán en la racionalización de organismos públicos, a la vista de que inicialmente se comprometieron a extinguir 515 entidades y hasta la fecha “lo han hecho en 525” en un gesto que pone de manifiesto “su capacidad de cooperación y ajuste muy importante”.