Así lo pone de manifiesto el informe sobre 'La Situación de las Personas Refugiadas en España 2013', que este miércoles publicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) con motivo de la celebración mañana de su Día Mundial.

Según este trabajo, españa recibió 2.580 solicitudes de protección en 2012, lo que supone una media de 55 peticiones por millón de habitantes. Esta cifra es muy inferior a la de la media de la UE (660 por millón de habitantes), y sitúa a España como el país con los registros más bajos, solo por delante de Portugal.

En rueda de prensa, el director de Comunicación de Cear, Antonio Rubio, explicó que España ocupa el puesto 26 de los 27 y añadió que además “hemos caído desde la posición 24 que ostentábamos en 2011”. El descenso en el número de solicitudes durante 2012 fue del 25%, lo cual confirma, a su juicio, “la tendencia a la baja” apreciable desde 2009, cuando entró en vigor la nueva ley de asilo.

Tales resultados contrastan con el aumento del 10% en el cómputo global de peticiones registradas en la Unión Europea, que en 2012 contabilizó 331.000 solicitudes de protección internacional, afirmó.

Además, prosiguió, países con un peso poblacional y económico comparable al de España como Alemania, Francia y Reino Unido presentan cifras de solicitudes mucho más elevadas (77.000, 60.000 y 28.000 en 2012).

En opinión de Rubio, esto demuestra “el escaso compromiso de los gobiernos españoles, de cualquier signo político, con el derecho de asilo”. Además, destacó que Italia es junto a España el país donde más cayeron estas peticiones durante 2012.

“A España, Italia y Grecia se les está obligando a actuar como los gendarmes de Europa”, prosiguió, con resultados “especialmente efectivos” en los dos primeros.

Elementos fundamentales dentro de esta política son, dijo, la firma de acuerdos de readmisión con terceros estados, la vinculación de los programas de cooperación con una mayor vigilancia en los países de tránsito, la militarización de las fronteras (muy significativa en Ceuta y Melilla), el endurecimiento en el régimen de visados y el alejamiento de la zona de actuación del Frontex, que cada vez opera más lejos de Europa.

En cuanto a su origen, el grupo más numeroso de solicitantes de protección internacional en 2012 procedía de Siria (255), seguida de Nigeria (204), Argelia (202), Camerún (111), Costa de Marfil (106) y Mali (101).

MUY POCOS LO CONSIGUEN

El año pasado se concedió el estatuto de refugiado a 220 personas (un 9,5% del total solicitado), 289 consiguieron protección subsidiaria (11,2%), 13 solicitantes más obtuvieron protección por razones humanitarias y otros 4 consiguieron la reagrupación familiar.

Según Rubio, “de nuevo la concesión del estatuto de refugiado registra las peores cifras desde 2009” y, en general, el reconocimiento de la protección internacional no llega al 20% de lo solicitado. “Otra prueba más de la falta de compromiso del Gobierno español con el derecho de asilo”, agregó Rubio.

A su juicio, resultaron especialmente preocupantes la caída de solicitudes en Ceuta y Melilla, la expulsión masiva de inmigrantes del islote de Tierra, la alta tasa de inadmisión a trámite de las peticiones presentadas en los puestos fronterizos y en los CIE respecto a las que se gestionan en el territorio (43% frente al 95%) y el elevado rechazo de las peticiones de residencia por apatridia.

El presidente de CEAR, Carlos Berzosa, exigió que a los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla “se les permita viajar a la Península, ya que esta prohibición es contraria a la propia Constitución española”, reclamó que la ley de asilo incluya como motivo de persecución por género la trata de mujeres con fines de explotación, pidió una mejora en el proceso de información a los posibles solicitantes en la frontera y en los CIE y “un estudio riguroso de sus peticiones” y la no exigencia de visado a aquellos refugiados procedentes de naciones en guerra.

Finalmente, reclamó la regulación del proceso para solicitar asilo en embajadas y consulados y la aprobación del reglamento que desarrolle esta ley, pendiente desde 2009.