El texto es el resultado de varias semanas de trabajo y de encuentros entre estas organizaciones, y en él se califica la norma de “contrarreforma elitista”, dirigida a acabar con “la equidad del sistema público de enseñanza”.

Entre otros puntos, tachan el proyecto de “segregador” y contrario a la igualdad de oportunidades, ya que promueve “una separación temprana” en itinerarios formativos y “discrimina al alumnado con más dificultades”; de “recentralizador”, al contener un cambio en la distribución de las competencias y otorgar al Estado el total control de ciertas áreas estructurales, y de “negativo para la FP”, puesto que supone una devaluación de estos estudios.

Además, prosiguen, la Lomce fomentará la desconfianza hacia el profesorado con el sistema de reválidas, ataca las lenguas cooficiales y el modelo de inmersión catalán y limita la participación democrática de la comunidad educativa al dejar sin competencias a los consejos escolares.

Los firmantes lamentan también que el proyecto de ley carece de “una memoria económica creíble”, pues todo lo fía “a una dudosa financiación europea”.

Se trata de una norma en la que se “ha despreciado” el diálogo con la comunidad educativa y con los demás grupos parlamentarios, apuntan, que resultará “inútil de cara a resolver los problemas reales de la enseñanza española”.

Por eso, piden la retirada del proyecto de ley y la apertura de un amplio proceso de diálogo con todos los interlocutores sociales y políticos, a fin de alcanzar un consenso que dé estabilidad al sistema.