El Tribunal de la Región Autónoma de Xinjiang, al noroeste de China, condenó ayer a muerte a cinco ciudadanos uigures y a cadena perpetua a otros dos, mientras que hoy resolverá otros cinco casos pendientes.

La directora adjunta de Amnistía Internacional en Asia y Oceanía, Roseann Rife, instó al Tribunal Supremo a garantizar que los cinco acusados pendientes de resolución tengan un juicio justo, elijan a su abogado y no sean condenados a muerte.

Según informes oficiales de China, casi 200 personas murieron durante los disturbios del pasado mes de julio y nueve personas de etnia uigur fueron ejecutadas en noviembre por estos hechos.

Los manifestantes uigures protestaban contra el fracaso de las autoridades a tomar medidas tras la muerte de al menos dos de ciudadanos de su etnia a manos de otros de raza han en un motín en una fábrica de juguetes de la ciudad de Shaoguan.

Amnistía afirmó que después de los disturbios las autoridades chinas han detenido a miles de personas, ha llevado a juicio a decenas de ellas y ha amenazado a los implicados en los hechos con imponerles penas severas.

"Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero la falta de transparencia y de juicios justos en estos casos es indignante", apuntó Rife.