Así consta en el informe realizado por la CNC respecto al Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que remitió el Gobierno tras su aprobación por el Consejo de Ministros del 10 de mayo.

Según Competencia, un modelo cameral como el planteado por el Ejecutivo, “no implica inherentemente problemas para la competencia”, pero sí origina “determinados riesgos”.

Dichos riesgos derivan, según la CNC, del carácter público de las Cámaras por la convivencia en ellas de funciones calificadas como de interés público con otras privadas, de la configuración de la adscripción obligatoria y del modelo de financiación.

A juicio de este organismo supervisor, el carácter público unido a la prestación de servicios profesionales puede “generar una ruptura de la neutralidad competitiva en mercados privados en los que operen o puedan operar empresas prestadoras de servicios análogos”.

Respecto a la adscripción obligatoria de ámbito territorial, para la CNC, “incrementa los riesgos para la competencia al reducir la tensión competitiva, al menos de carácter referencial, que puede darse entre las 88 Cámaras de comercio en territorio español”. A ello añade que el modelo de autofinanciación “podría amplificar los citados riesgos”.

Por otro lado, la CNC subraya que, con la redacción actual del texto, la adscripción obligatoria podría generar un “incremento de las cargas administrativas de las empresas y de la Administración tributaria”, de forma no alineada con otras iniciativas de este Gobierno y, al mismo tiempo, “la adscripción obligatoria territorial podría fomentar fraccionamientos del mercado nacional por la adscripción obligatoria a una o varias Cámaras Oficiales sin posibilidad de que la empresa elija la Cámara territorial de pertenencia”.

El organismo supervisor señala en el informe que la atribución de corporaciones de derecho público con funciones públicas y privadas requiere una “mayor precisión” de las funciones privadas para “reducir los riesgos a las competencia”.

Por otra parte, respecto a la autofinanciación, Competencia recomienda que se introduzca un “tope porcentual a las subvenciones en relación con los ingresos de las Cámaras para cumplir con el objetivo de autofinanciación” y que se establezca “un carácter finalista para todas las subvenciones que pueda recibir la Cámara”.

Asimismo, la CNC propone que se elimine la obligación de la Administración tributaria de colaborar con las Cámaras en la elaboración de los censos de empresas en las respectivas demarcaciones.

Así como que, en caso de que se decidiese mantener la adscripción obligatoria, “permitir que ésta se realice a la Cámara de elección, desde el primer momento, o bien con carácter subsidiario, permitiendo cambios de adscripción con posterioridad”.