En la presentación del Anuario de Relaciones Laborales 2013 del sindicato, Ferrer alertó que si se llega a esta situación, esta conflictividad "no va a haber quién la pare".

El dirigente de UGT explicó que en la actualidad aún hay 1.400 convenios colectivos en riesgo de perder su vigencia el próximo 8 de julio que afectan a unos 2,2 millones de personas. Esta cifra se ha reducido desde comienzos de año, cuando los convenios en peligro eran 1.800 y afectaban a 3,5 millones de ocupados.

El problema que ha llevado a esta situación es, según Ferrer, que hay "sectores empresariales que habían soñado que el 8 de julio decaía todo" y que están "oponiendo resistencia" a la renovación de los convenios.

Como ejemplo de estos sectores, Ferrer habló de los transportes y subrayó el "riesgo" que puede suponer para el país la conflictividad en este área.

Para resolver esta situación, sindicatos y patronales firmaron hace unas semanas un acuerdo que, según el dirigente de UGT, está teniendo dificultades en su aplicación en ciertos sectores empresariales.

"LA MAYOR AGRESIÓN"

Por otro lado, el Anuario de Relaciones Laborales, coordinado por Ferrer junto al catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga, denuncia que la última reforma laboral ha supuesto la "mayor agresión al Derecho del Trabajo producida desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores" ya que ha logrado "dinamitar en unos pocos años la progresiva mejora de los derechos de los trabajadores".

También sostiene que en el primer año de aplicación de esta reforma "no se han visto florecer ningún tipo de brotes, ni verdes ni de otro color" sino "más bien todo lo contrario".

El informe apunta que la reforma laboral ha acelerado "de forma intensa" la caída de los salarios, que venían moderándose en el entorno del 1% pero que en el último trimestre del pasado año cayeron un 4%.

El estudio señala además que hay seis millones de desempleados que están a la espera de que "la varita mágica del presidente del Gobierno se active" y ponga en marcha "otra política económica" que apuesta por medidas de "expansión" y que "retome el diálogo social".

Ferrer denunció que la reforma ha permitido que las empresas "despidan, suspendan empleos y modifiquen las condiciones de trabajo". Así, consideró que "la flexibilidad interna queda como un instrumento a discreción del empresario".

De esta forma, denunció que la flexibilidad interna que se supone que impulsa a reforma es, realmente, una "devaluación salarial y que las condiciones de trabajo estuvieran completamente a disposición del empresario, que no tiene que negociar con los trabajadores".

En este sentido, auguró que a partir del 8 de julio los empresarios se pueden encontrar que estos instrumentos tengan "el efecto contrario", ya que con el fin de la ultraactividad de los convenios puede haber un fuerte crecimiento de la "conflictividad en las empresas".

Por su parte, Ruesga criticó que España siempre ha sufrido "cuotas históricas bajas de competitividad", por lo que consideró que la devaluación salarial que se está llevando a cabo para corregir esta situación "es pan para hoy y hambre para mañana".

En su opinión, la mejora de la balanza de pagos se debe "sencillamente a que cae el consumo", ya que el hecho de que las exportaciones se hayan mantenido "razonablemente bien" se debe "en parte a la devaluación salarial" y en parte a que la mayor parte de las mismas se concentran en unas 1.500 empresas.

Por esta razón, Ruesga sostuvo que tenemos una "vulnerabilidad importante" ya que estas empresas que suponen cerca del 80% de las exportaciones "están sujetas a los vaivienes de la innovación".

Por otro lado, advirtió que la idea de "sacar emprendedores de debajo de las piedras es un error". En su opinión, lo que el país necesita son "grandes empresas". Por esta razón, criticó que los incentivos están dirigidos a que las empresas queden en tamaños reducidos, en vez de promover la "colaboración".