Para el Cermi, que representa a la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, "esta medida puede ser muy positiva, pues ayudará a consolidar en estos momentos de tanta precariedad las actividades que despliegan las organizaciones cívicas y voluntarias a favor de los derechos, la inclusión y el bienestar de la ciudadanía y en especial de los grupos más vulnerables".

Con esta fórmula, que el Gobierno está ultimando en diálogo con la representación del tercer sector, "se proporciona a las entidades sociales un mejor y más sólido marco legal, institucional y de sostenibilidad económica, que permitirá atender mejor la creciente e incesante demanda de apoyos que reciben las organizaciones solidarias en esta época de aguda crisis".

El Cermi espera que esta medida entre rápidamente en vigor y que de este modo se despejen parte de las dudas que sobre la continuidad financiera pesan sobre el tercer sector de acción social.