Entre las medidas destaca la deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la exención de tributación por el Impuesto de Sociedades a las ayudas otorgadas por las Administraciones Públicas que sean percibidas por las entidades de nueva creación, así como la exención en el IRPF de aquellas ayudas que estén ligadas al apoyo a los emprendedores y al comienzo del ejercicio de actividades económicas.

Además, el Cermi plantea el incremento en cinco puntos porcentuales para personas con discapacidad de la reducción del 20% para aquellos contribuyentes que inicien la realización de actividades económicas, prevista en la Ley del IRPF; o la mejora del régimen de bonificación en las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia para incentivar el autoempleo.

Por otra parte, el Comité pide reforzar el cumplimiento de la obligación de que empresas de 50 ó más trabajadores mantengan la cuota de empleo del 2% de trabajadores con discapacidad; la reserva de adjudicación de un 10% del importe total anual de los contratos públicos a favor de los Centros Especiales de Empleo (CEE); y, con respecto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, pide la inclusión, dentro de la lista de actividades, los programas de ejecución de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad.

También plantea soluciones normativas a los problemas derivados de la sucesión de empresas y contratas en que interviene un Centro Especial de Empleo; un plan de choque para facilitar el mantenimiento y la creación de empleo de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades en el mercado laboral, a través de los CEE de iniciativa social; o que las personas con discapacidad "no deben" acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo para beneficiarse de la renta activa de inserción y estimular el acceso al autoempleo de sus beneficiarios.

Por último, entre las propuestas del Cermi, resalta también la mejora del Régimen de compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo, al mismo tiempo que las medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad sobrevenida.