Según aseguró en su conferencia Neus Munté, una parte importante de esta disminución ha afectado a la Ley de Dependencia.

En la citada tribuna de debate, organizada en Barcelona por Nueva Economía Fórum, la consejera de Bienestar y Familia reprochó al Gobierno central no haber respetado nunca “las cargas económicas que la ley contempla para proveer los servicios”.

Y en este sentido puso dos ejemplos: “El año 2008 el sostenimiento público de la ley lo asumió en un 66% la Generalitat y en un 34% el Estado; el año 2012, este desequilibrio todavía fue más grave y más injusto, porque el Gobierno de la Generalitat aportó el 80% de la Ley de la Dependencia y el Estado solo el 20%”. Por este motivo, advirtió de que “esto supone un sobreesfuerzo que no puede ser ilimitado en el tiempo ni en su magnitud”.

La consejera catalana calcula que “en 2012 unas 158.000 personas se pudieron beneficiar de la ley”. Y añadió que si la Generalitat hubiera aportado la misma financiación que aportó el Gobierno central, ”un 53% de personas se hubiesen quedado fuera”.

Munté también manifestó que el problema de la ley viene de origen, porque “tiene problemas por su mal dimensionamiento, por su mala financiación, porque no respeta competencias atribuidas al Gobierno de la Generalitat y a otros gobiernos autonómicos, y porque siempre ha habido graves incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos del Estado en su financiación”.

DÉFICIT FISCAL

Para la titular de Bienestar Social y Familia, el déficit fiscal de más de 16.000 millones de euros anuales que sufre Cataluña, sumados a esta disminución de la aportación del Estado en políticas sociales, “nos dificultan dar respuestas más adecuadas, rápidas y potentes a las necesidades crecientes que vivimos”.

Neus Munté concluyó afirmando que “no hay nada más antisocial que un déficit fiscal de 16.000 millones de euros al año”.