La propuesta del PSC ha sido redactada por la Fundación Rafael Campalans y la presentó, en el Congreso de los Diputados, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, arropado por otros dirigentes que han participado, como Carme Chacón o Francesc Vallés.

El antecedente que señala el PSC es su compromiso electoral de defender una reforma de la Constitución con cuatro objetivos: reconocer la plurinacionalidad, establecer las reglas de distribución de competencias, garantizar una financiación justa y representar a los territorios en un Senado federal.

Mientras algunos “alimentan la ruptura”, dicen desde el PSC, el partido apuesta por “construir un nuevo pacto ofreciendo soluciones concretas”, sabiendo que es difícil porque requiere acuerdo con las demás fuerzas políticas.

Los socialistas catalanes huyen de los “debates sobre soberanías” porque en un mundo de interdependencias crecientes el federalismo es “la mejor solución”. Dicen que su tesis siempre fue que el Estado de las autonomías culminaría en un Estado federal y mantienen ese mismo criterio.

La propuesta se inspira en el federalismo de otros Estados, sobre todo de Alemania y Canadá, y plantea definir a España como una nación que contiene naciones, nacionalidades y regiones, considerando compatible la convivencia de todas ellas en un mismo Estado con un sistema federal asimétrico.

Quieren que la Constitución establezca solo las competencias del Estado dando por hecho que todas las demás corresponden a las comunidades autónomas, con cláusulas para limitar los conflictos competenciales.

Consagra la asimetría competencial para algunas comunidades autónomas en función de diversos criterios, uno de los cuales podría ser el de los derechos históricos reconocidos en el actual Estatuto.

En consecuencia, los estatutos serían aprobados por los parlamentos autonómicos con mayoría reforzada y, si procede, por referendum, pero no pasarían por las Cortes Generales y contra ellos solo podría interponerse recurso previo al referendum.

La Constitución garantizaría la suficiencia de recursos con “horquillas de porcentajes de cesión de los grandes tributos” y la solidaridad limitada por el principio de ordinalidad.

Los socialistas catalanes definen ese principio con la premisa de que la ordenación de recursos de los gobiernos autonómicos tras la aplicación de los mecanismos de nivelación debe ser la misma que antes de esa nivelación.

Ponen el ejemplo de las varillas de un abanico que serían las diferencias entre las comunidades autónomas. El objetivo es cerrarlas, es decir, acortar esas diferencias, pero siempre asegurando que cada varilla sigue ocupando su sitio respecto a las demás.

No puede ser, dicen, que quien es más solidario acabe teniendo menos recursos que quien lo es menos, ni que la solidaridad de otros sirva a alguna comunidad autónoma para bajar sus impuestos.

Proponen una actuación compartida entre Estado y comunidades autónomas en la gestión y recaudación de los impuestos a través de consorcios tributarios, y una “corrección solidaria del privilegio foral” en el cupo, mediante un mecanismo que no habría que concretar en la Constitución, dicen, y que tampoco precisan.

Sí apuntan que sería el Senado quien debería decidir sobre la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, garantizando siempre las prestaciones sociales básicas.

Ese Senado sería federal, con representación de los gobiernos autonómicos, y órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Conferencia de Presidentes pivotarían sobre él.

Podría colegislar con el Congreso de los Diputados las leyes que afecten a los territorios, y en él cada comunidad autónoma tendría tres votos, y uno más por cada millón de habitantes.

En la propuesta del PSC, el Tribunal Supremo se limitaría a la unificación de doctrina y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas atenderían todos los demás recursos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reduciría a “un órgano técnico” y asumirían mayor protagonismo las salas de gobierno de los tibunales superiores.

Los socialistas catalanes reconocen que su primer reto es consensuar la propuesta territorial con el PSOE, y eso dependerá en gran medida de las ambiciones de concreción de la dirección federal de cara al Consejo Territorial de julio.

Los dirigentes del PSC celebran que el PSOE haya propuesto una reforma de la Constitución y ven grandes coincidencias con algunos de los documentos presentados por distintas federaciones, pero también distancia en otros.

Para mostrar su voluntad de acuerdo, subrayan que en esta propuesta no está el derecho de autodeterminación ni se habla de soberanía, ni siquiera del derecho a decidir, tan solo de posibilitar que los territorios consulten a sus ciudadanos, sin que ello suponga avanzar hacia la secesión, y manteniendo las competencias de convocatoria en manos del Estado.