La coordinadora del Cermi Comunidad de Madrid, María Jesús Baile, fue quien compareció en la Comisión de Mujer de la Asamblea, donde abogó por visibilizar la valía de las mujeres y niñas con discapacidad en el espacio público y por no hablar de este colectivo en términos de "problema", pues puede aumentar su vulnerabilidad.

La entidad reconoce que todas las mujeres aún tienen un largo camino lleno de barreras y obstáculos que recorrer, pero confía en que "la unión sea la fuerza que haga que esta situación cambie y que la mujer ocupe en ésta sociedad el lugar que realmente le corresponde, tenga o no discapacidad".

Y es que, recuerda Cermi Madrid, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad es del 76%, algo que, en buena medida, viene dado por su baja formación y cualificación.

"Es obvio que ante una carencia de formación y cualificación, las mujeres con discapacidad tienen muchas menos posibilidades de formar parte del mercado de trabajo, optar a un empleo que les permita percibir ingresos y consecuentemente mejorar su situación social", afirma el comité.

En cuanto al derecho a la maternidad, si las mujeres en general soportan presión social para tener hijos, a las que tienen además discapacidad se las anima para que no los tengan, prosigue.

Por todo esto, Cermi Comunidad de Madrid considera que las agendas públicas sobre discapacidad deben promover las políticas de igualdad, incorporar la perspectiva de género a sus planteamientos, reivindicaciones y propuestas, a fin de reflejar la realidad de la mujer con discapacidad.

Se deben adoptar, además, medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las niñas y mujeres con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución.

La esterilización forzosa y el aborto coercitivo fueron otros de los temas aludidos en la Asamblea, "puesto que siguen practicándose en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, sin contar con su consentimiento y ni siquiera hacerlas partícipes del propósito de la intervención quirúrgica, con el supuesto pretexto del bienestar de la persona con discapacidad".

"Éstos son tan solo dos ejemplos de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos sufridas por las mujeres con discapacidad, aunque no son, ni mucho menos, las únicas", asegura el comité.