El Cermi señala en un comunicado que con el fin de que las ayudas públicas no distorsionen la competencia y las reglas del libre mercado, la Unión Europea cuenta con una regulación muy estricta que limita el nivel de apoyo económico que los Estados pueden otorgar a los distintos sectores económicos y sociales.

Esta normativa afecta a las ayudas públicas que pueden recibir las entidades del Tercer Sector para desplegar estrategias, programas y acciones de inclusión y promoción de grupos vulnerables o en riesgo de exclusión social, como el de las personas con discapacidad y sus familias.

Ahora, la Comisión Europea pretende revisar el reglamento de excepciones por categorías, para lo cual lanzará con carácter inmediato una consulta masiva con objeto de recabar las opiniones de las partes con interés en esta regulación antes de proceder a su modificación.

En este proceso, el sector español de la discapacidad informó que pedirá a las instituciones comunitarias que el nuevo reglamento otorgue a las ayudas que se destinen a fines sociales el estatuto más favorable posible, "atenuando los rigorismos y las severas limitaciones que caracterizan a las normas europeas, que sobreprotegen lo económico frente a lo social".