Hernández y Sotillo explicó emocionada que en la mañana del 19 de junio escuchó “una explosión”. “Me di cuenta en seguida de que era él”, señaló ante los etarras Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, presuntos autores materiales del atentado mortal.

La viuda explicó que, cuando bajó de su casa, vio que los coches del aparcamiento estaban ardiendo y dijo recordar que posteriormente aparecieron los bomberos, miembros de la Ertzaintza y un par de cargos públicos del PNV.

Los etarras, por su parte, se negaron a participar en el juicio y señalaron al inicio de la vista oral que no iban a contestar a las preguntas que se les iban a formular. “No reconozco la legitimidad del tribunal, no voy a participar”, dijo Etxebarria antes de denunciar haber sufrido malos tratos a manos de la Guardia Civil en los días posteriores a su detención.

45 AÑOS DE CÁRCEL

La fiscal encargada del caso, Ana Noé, solicita que se condene a los tres acusados a penas de 45 años de cárcel al atribuirles delitos de asesinato terrorista y de estragos.

La representante del Ministerio Público asegura que los tres acusados, que se habían integrado en ETA en el año 2006 y que formaban el ‘comando Otazua’, realizaron vigilancias en las inmediaciones de la sede de la Comisaría de la Policía Nacional del barrio de Indautxu de Bilbao, “anotando las matrículas de los vehículos aparcados en el recinto oficial”. A finales del año 2008, durante una cita orgánica en el barrio de La Peña de Bilbao, Pastor “detectó un vehículo del que recordaba la matrícula” y comprobó que el número se encontraba en el listado que habían recabado en la comisaría. El coche era propiedad de Puelles.

Tras un primer intento fallido, sobre las dos de la madrugada entre el 18 y el 19 de junio de 2009, el comando se dirigió a las cercanías del domicilio de Puelles y los etarras colocaron en los bajos de su vehículo un artefacto con más de dos kilos de explosivo.

Al día siguiente, sobre las 09.00 horas, Puelles subió a su coche y arrancó, lo que activó el artefacto. El inspector murió en el acto.

UN COCHE DESTROZADO

En la vista oral comparecieron como testigos varios de los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar de los hechos en los minutos posteriores al atentado. Uno de estos policías señaló que, cuando llegaron al aparcamiento, el coche de Puelles “estaba totalmente destrozado” y la parte trasera “había prácticamente desaparecido” y añadió que la explosión había desplazado el vehículo unos cuatro metros. Otro de los agentes indicó ante el tribunal que, al llegar al lugar, un miembro de la Ertzaintza les comunicó que en el interior de uno de los vehículos había un cadáver.

Un miembro de la Comisaría General de la Policía Científica destacó por su parte que la explosión había afectado a otros cinco vehículos y que había provocado en la calzada “un pequeño cráter”.

Ante el tribunal también comparecieron varios de los miembros de la Guardia Civil que participaron en las diligencias posteriores a la detención, el 1 de marzo de 2011, de Pastor, Etxebarria y Zapirain. Uno de estos agentes explicó que en el registro del domicilio que Zapirain y Etxebarria compartían en Bilbao, además de abundante material para la confección de explosivos, se encontró un papel en el que estaba anotada la matrícula de un vehículo de la Comisaría de la Policía Nacional del barrio bilbaíno de Indautxu. En el documento también estaba escrito el título “matrículas de txakurras, guardaespaldas y cipayos”.

Todos los guardias civiles aseguraron que los interrogatorios a los tres etarras, que denunciaron posteriormente haber sido víctimas de malos tratos, se realizaron “con todas las garantías legales” y que sus declaraciones “fueron voluntarias”. Ante el tribunal también declararon como testigos los abogados de oficio que asistieron a Etxebarria y Zapirain durante los interrogatorios a los que fueron sometidos tras su detención en dependencias de la Guardia Civil. Estos letrados afirmaron que las declaraciones de los etarras fueron voluntarias.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide que se imponga a los acusados la prohibición de residir en Bilbao o de acercarse a los familiares de la víctima por un periodo de 15 años tras el cumplimiento de las condenas. La representante del Ministerio Público solicita asimismo que se condene a los tres etarras a indemnizar solidariamente con 200.000 euros a la viuda de Puelles y con 150.000 euros a cada uno de sus hijos.

En el juicio, además de la Fiscalía, ejercen la acusación la representación procesal de los familiares de Puelles, la Abogacía del Estado, el Sindicato Profesional de Policía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Entre el público de la sala de vistas de la Audiencia Nacional se encontraba la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

EL ÚLTIMO ASESINATO EN EL PAÍS VASCO

El de Puelles fue el último asesinato de ETA en el País Vasco. La organización terrorista perpetró posteriormente, el 30 de julio de 2009, un atentado en el que fallecieron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun en Palmanova, en la localidad de Calvia (Palma de Mallorca).

El último asesinato de ETA tuvo lugar en marzo de 2010, cuando un grupo de etarras se vio cercado en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys, en las inmediaciones de Paris, e inició un tiroteo en el que falleció el gendarme Jean-Serge Nérin.

Está previsto que el juicio por el asesinato de Puelles, que celebra la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), finalice este miércoles.