La fiscal encargado del caso, Ana Noé, solicita que se condene a los tres acusados a penas de 45 años de cárcel al atribuirles delitos de asesinato terrorista y de estragos.

Está previsto que el juicio, que celebrará la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), se extienda hasta mañana.

La representante del Ministerio Público asegura que los tres acusados, que se habían integrado en ETA en el año 2006 y que formaban el ‘comando Otazua’, realizaron vigilancias en las inmediaciones de la sede de la Comisaría de la Policía Nacional del barrio de Indautxu de Bilbao, “anotando las matrículas de los vehículos aparcados en el recinto oficial”.

A finales del año 2008, durante una cita orgánica en el barrio de La Peña de Bilbao, Pastor “detectó un vehículo del que recordaba la matrícula” y comprobó que el número se encontraba en el listado que habían recabado en la comisaría. El coche era propiedad de Puelles.

PRIMER ATENTADO FALLIDO

Los etarras, tras realizar controles periódicos por la zona, localizaron de nuevo el vehículo en un aparcamiento cercano a su domicilio. Los terroristas, entre finales de 2008 y primeros de 2009, colocaron un primer artefacto explosivo en los bajos del coche del inspector de la Policía, pero no llegó a explotar, por lo que los acusados lo retiraron en días posteriores.

Tras este primer intento, Puelles cambió de coche, pero los etarras volvieron a realizar vigilancias en la comisaría y localizaron el nuevo vehículo.

Finalmente, sobre las dos de la madrugada entre el 18 y el 19 de junio de 2009, el comando se dirigió de nuevo a las cercanías del domicilio de Puelles y colocaron en los bajos de su vehículo un artefacto con más de dos kilos de explosivo.

Al día siguiente, sobre las 09.00 horas, Puelles subió a su coche y arrancó, lo que activó el artefacto. El inspector murió en el acto. ETA reivindicó el atentado mortal en un comunicado publicado en el diario ‘Gara’ el 9 de agosto.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se condene a los tres acusados a indemnizar solidariamente con 200.000 euros a la viuda de Puelles y con 150.000 euros a cada uno de sus hijos.