Según WWF, el documento 'Acción Legal contra el Veneno en España' muestra las posibilidades, administrativas y penales, de sancionar esta conducta.

Entre las soluciones, la organización pide dar total prioridad a la persecución de estas infracciones por parte de las comunidades autónomas, invertir más en prevención e investigación o mejorar la formación de técnicos jurídicos, jueces y fiscales.

La organización ha detectado que la puesta en marcha de medidas legales varía mucho por regiones. Como ejemplo, Castilla-La Mancha y Andalucía cuentan con una legislación específica completa, pero su aplicación resulta muy desigual.

Añade que la primera apenas emplea la normativa, mientras la segunda se muestra un poco más eficaz en esta tarea. Según WWF, destaca también Castilla y León que, sin disponer de una legislación desarrollada, ha adoptado resoluciones importantes, aunque insuficientes en relación al gran número de envenenamientos. "Esta comunidad sanciona una media de dos o tres casos cada año de casi un centenar", apunta la organización ecologista, quien concluye que si se analizan el resto de comunidades, con algunas excepciones en Cataluña o Baleares, no están aplicando ninguna medida legal contra estas conductas.

Como ejemplo, resalta que Aragón no ha aplicado ley alguna contra el veneno hasta el pasado mes de octubre, cuando se cerró durante dos años por primera vez un coto de caza. En una situación similar se encuentra Navarra, donde las sanciones administrativas no se han desarrollado hasta finales de 2012 y comienzos de 2013, suspendiendo la caza durante otros dos años en tres cotos.