Según informó la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), los destinatarios de estas ayudas, que son otorgadas por las Comisiones de Prestaciones Especiales de las mutuas, pueden ser trabajadores en situación de incapacidad temporal con previsión de invalidez permanente al alta médica, así como los trabajadores con invalidez reconocida, en estado de necesidad económica objetivada.

También son recibidas por trabajadores afectados por una discapacidad grave (lesiones medulares, daño cerebral, ceguera, amputaciones en miembros superiores y miembros inferiores) y por los familiares o personas asimiladas de trabajadores fallecidos como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que se encuentren en estados o situaciones concretas de necesidad económica objetivada.

Cada mutua tiene su Comisión de Prestaciones Especiales (CPE), que está formada por representantes de empresarios y trabajadores al 50%.

Los miembros de estas comisiones son responsables, por ejemplo, de estudiar, evaluar y otorgar las ayudas para acondicionar viviendas adaptándolas a una silla de ruedas o la compra de camas articuladas, hacerse cargo de los desplazamientos de familiares de un accidentado, ofrecerles ayuda psicológica, sufragar los gastos de fallecimiento o ayudar económicamente a soportar los gastos de familiares dependientes que ante la pérdida de uno de los padres se ven en una situación de necesidad económica demostrada.

Otra de las funciones de las Comisiones de Prestaciones Especiales de las mutuas es promover iniciativas que tienen como principal objetivo la recuperación profesional de aquellos trabajadores que, tras sufrir un accidente de trabajo o enfermedad profesional, no puedan seguir desarrollando su profesión habitual.