Castro ha dictado hoy un auto con el que da cinco días de plazo a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes para que se pronuncien “respecto a las líneas de investigación insinuadas” por la Audiencia Provincial de Palma.

Este tribunal decidió el martes pasado suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina al concluir que no hay indicios que puedan demostrar que la hija del Rey intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos pero, sin embargo, dejó la puerta abierta para que el instructor del caso pueda proceder contra ella por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.

Los magistrados de la Audiencia de Palma subrayaron que los fondos que Urdangarin remitió a Aizóon se podían haber destinado “al pago de gastos particulares” tales como “reformas en la vivienda familiar” y solicitaron por lo tanto a Castro que ordenase a la Agencia Tributaria que aclarase si la infanta pudo cometer delitos de blanqueo y contra la hacienda pública.

El juez ha decidido preguntar a las partes después de recibir esta mañana el auto dictado el pasado martes por la Audiencia Provincial.

Castro ha aprovechado su resolución para citar a declarar como imputado para el próximo 10 de junio al belga Robert Cocks, presunto testaferro de Urdangarin en sus negocios en solitario.