El juez Castro investiga si Urdangarin se reunió en la Zarzuela con Camps y Barberá para cerrar uno de sus negocios
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El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha solicitado los datos necesarios para poder determinar si el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se reunió en marzo de 2004 en el Palacio de la Zarzuela con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa valenciana, Rita Barberá para cerrar uno de sus negocios presuntamente fraudulentos, la celebración del Valencia Summit.
El magistrado ha solicitado al socio de Urdangarin, Diego Torres, que detallé qué día concreto tuvo lugar la reunión. Fue Torres quien aseguró en su declaración del pasado mes de febrero que está reunión había tenido lugar.
Castro, a través de una providencia dictada hoy, pide además a Torres que señale el “orden de llegada de los asistentes” y qué temas se trataron en la reunión
El juez de Palma de Mallorca también quiere saber si la asistencia de Camps y Barberá “coincidió con algún acto oficial” y “a qué tipo de control o registro fueron sometidos a su entrada y salida”.
Urdangarin, en la declaración de cerca de cuatro horas que prestó el pasado 23 de febrero, negó haberse reunido en el Palacio de la Zarzuela con Camps y Barberá.
DECLARACIONES TRIBUTARIAS
Castro ha decidido igualmente incorporar a la causa las declaraciones sobre la Renta realizadas por Urdangarin y que han sido aportados por la Agencia Tributaria. El magistrado, sin embargo, ha rechazado incorporar las declaraciones correspondientes a la infanta Cristina a la espera de que se resuelvan los recursos interpuestos al respecto.
Esta decisión llega después de que este martes la Audiencia Provincial de Palma decidiese suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina al concluir que no hay indicios que puedan demostrar que la hija del Rey intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos.
La Sección Segunda de la Audiencia Palma, sin embargo, dejó la puerta abierta para que el instructor del caso pueda finalmente imputar a la infanta por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales si la Agencia Tributaria confirma la defraudación cometida a través de Aizóon.
El magistrado, además, ha aprovechado la providencia para solicitar a varias entidades bancarias datos reclamados por la Agencia Tributaria y para entregar a esta última la documentación remitida por Luxemburgo.
(SERVIMEDIA)
09 Mayo 2013
DCD