El ministro hizo estas declaraciones en el Congreso, a la salida del debate sobre la reforma de la Ley de Costas, que hoy se aprueba en la Cámara Baja.

Según detalló, se trata de "una ley que compatibiliza todos los usos medioambientales, económicos y sociales con equilibrio". Por lo tanto, pidió a aquellos que la critican que lean el texto en su integridad, ya que con ella se aumenta la protección del litoral.

En este sentido, Cañete aseguró que la nueva norma "proporciona instrumentos más potentes para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988, con ejemplos tan claros como el del Algarrobico". Por lo tanto, recalcó, "el Estado va a tener medios para paralizar cualquier actuación que vulnere nuestro litoral".

Además, el ministro subrayó que la ley va a resolver "situaciones absolutamente anómalas", como las que se dan en la isla de Formentera, que por sus características geomorfológicas necesitaba un tratamiento diferenciado. Añadió que también da un tratamiento distinto a 12 núcleos de población que están muy antropizados.

En todo caso, Cañete afirmó que el objetivo fundamental de esta ley es proteger el litoral, con deslindes claros que se van a recoger en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se van a incorporar al registro de la propiedad, de tal manera que los que quieran invertir en el litoral español puedan tener seguridad jurídica y manteniendo siempre las mismas distancias de protección.

A este respecto, subrayó que esta ley, desde la protección del litoral, da seguridad jurídica y compatibiliza determinados usos con ciertas restricciones para que no se tengan que demoler industrias. Apuntó que, "si no se publicara esta ley, más de 1.300 industrias, ubicadas en el litoral español antes de 1988, tendrían que desaparecer, así como más de 12.000 viviendas".

El ministro también rechazó las acusaciones de que la ley pretende privatizar la costa, porque la norma no modifica la línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre, ni tampoco la de servidumbre, "y no va a haber nuevas construcciones ni, por su puesto, privatización del litoral".

No obstante, aclaró que en determinadas zonas muy específicas de núcleos urbanos, que ya existían antes de 1988 y que tenían prácticamente la totalidad de los servicios, la zona de servidumbre se computa en 20 metros, pero no se permite ninguna nueva edificación.