Para el Cermi madrileño, pese a que la Ley de Dependencia es una normativa de rango estatal, el Ejecutivo regional "puede y debe arbitrar medidas para que se cumpla la citada Convención en todas las esferas de la vida social y económica de la Comunidad, particularmente en el ámbito de la dependencia".

Además, el Comité reitera que hace ya casi cinco años que la Comunidad aprobó una declaración institucional en la que reconocía la "extraordinaria importancia" del tratado "como instrumento jurídico internacional, al instaurar una nueva concepción de la discapacidad, centrada en los derechos humanos".

Por ello, en su opinión, la Comunidad debe velar porque "la aplicación del tratado se materialice y porque toda la normativa de aplicación en el ámbito de la Comunidad (estatal o regional) tenga en cuenta el citado convenio de carácter internacional".

Asimismo, el Cermi considera que las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo regional, así como por el central, demuestran que actualmente "se prima más la situación de dependencia que la autonomía personal", y que ello "fomenta que se contribuya a construir una sociedad dependiente y pasiva, en vez de trabajar para que, quienes estén en situación de dependencia, sea del grado que sea, tengan la opción de ser incluidos en la comunidad y no recluidos".