A modo de ejemplo, durante los cuatros meses en los que España ha asumido el mando de la misión de la UE, entre diciembre y abril, ocho de los 29 detenidos tuvieron que ser puesto en libertad. “Detuvimos a 29 piratas y 21 de ellos fueron transferidos. Los otros ocho tuvieron que ser liberados porque ningún país quiso ejercer el derecho de enjuiciamiento”, explica el contraalmirante Pedro García de Paredes, que ha liderado la misión de la UE hasta el pasado 6 de abril.

El problema con los ocho piratas somalíes que tuvieron que ser liberados durante el mando español, según relata el contraalmirante, radicó en que fueron detenidos un mes después de que realizaran el ataque del que se les acusaba, por lo que la obtención de pruebas en su contra se complicó. “Cuando pasa mucho tiempo entre el acto delictivo y la detención, es muy difícil obtener suficientes evidencias para que la justicia pueda actuar”, señala.

ACABAR CON LA IMPUNIDAD

El capitán Pedro Pinto, del Cuerpo Jurídico Militar, explica los problemas a los que se enfrenta la misión de la UE en su objetivo de llevar ante la justicia a los piratas somalíes que son apresados, un elemento fundamental para acabar con el sentimiento de impunidad con el que operan. En la actualidad la UE tiene activos acuerdos para la transferencia de piratas con Seychelles y con Isla Mauricio.

Pinto, que ha estado desplegado hasta el pasado mes de abril en el Océano Índico a bordo de la fragata Méndez Núñez, donde ha asesorado jurídicamente al mando de operaciones, señala que estos acuerdos de transferencia son fruto de “complejas negociaciones” que dependen en gran medida de “la coyuntura política”. “Nadie quiere que su país se convierta en un presidio de piratas”, explica gráficamente el capitán.

Además, la UE solo cierra acuerdos con países en los que se respeten los estándares occidentales en materia de derechos humanos. No se realizan en este sentido acuerdos de transferencia con países que tengan pena de muerte. “La Unión Europea exige estándares en los procesos judiciales y en las condiciones de encarcelamiento. El mejor sitio para prisión sería la propia Somalia. Pero por lo menos se quedan en países de la región que son los que sufren los efectos de la piratería”, señala el contraalmirante García de Paredes.

La transferencia de los piratas a Seychelles o a Islas Mauricio solo se produce de forma subsidiaria. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como la Convención de Jamaica, el país que apresa a un pirata tiene preferencia para encausarle y enjuiciarle.

Esto fue lo que sucedió con Abdu Willi y Raageggesey Hassan Aji, quienes fueron condenados en España a sendas penas de 403 años por participar en el secuestro del atunero vasco “Alakrana”, que tuvo lugar en octubre de 2009. Este mismo principio fue el que también ha llevado a la Audiencia Nacional a los seis piratas somalíes que fueron detenidos en enero de 2012 tras atacar el buque ‘Patiño’, al que confundieron con un mercante.

En un segundo nivel de preferencia se encuentra el país propietario del barco atacado. Pinto explica en este sentido que muchos barcos navegan con banderas de conveniencia, por lo que los países suelen negarse a hacerse cargo de los piratas detenidos. Además se da la circunstancia de que en algunas ocasiones los marineros atacados rechazan incluso el presentar una denuncia para evitar tener que desplazarse a países como Seychelles o Islas Mauricio para prestar declaración en los procesos.

La decisión final de entregar o no a los piratas y a qué país se hace depende del mando general de la Fuerza Naval Europea (Eunavfor), que se encuentra en Northwood, en Inglaterra, y que cuenta con el asesoramiento de varios expertos jurídicos.

DERECHOS HUMANOS

El capitán Pinto asegura que en los arrestos de piratas hay un “respeto exquisito” a los derechos de los arrestados y que se le trata “como si fueran delincuentes detenidos en la Unión Europea”.

El asesor jurídico afirma en este sentido que a bordo de los barcos de la misión de la UE no se toma declaración a los piratas apresados ya que no pueden contar con la asistencia de un abogado. A los piratas se les somete, eso sí, a un reconocimiento médico a bordo de los buques de guerra de la UE. Se les dan tres comidas y un baño cada día y se les permite salir a rezar.

Pinto destaca asimismo que una de las partes más complicadas de todo este proceso es el de acopio de pruebas. Entre el elenco de evidencias que se trata de presentar ante un tribunal se encuentran las huellas dactilares de los piratas y las armas incautadas, aunque los piratas suelen tirarlas al mar antes de ser apresados, como sucedió en el caso del ‘Patiño’.

También se utilizan como pruebas contra los piratas las declaraciones de los marineros atacados y las fotografías que los helicópteros de la fuerza aeronaval de la UE suele tomar antes del apresamiento.

LARGO VIAJE HASTA EL TRIBUNAL

Tras el apresamiento, y si tanto el país que ha realizado el apresamiento como el propietario del barco renuncian a hacerse cargo de los piratas, el mando de la Operación Atalanta inicia negociaciones con Seychelles y Islas Mauricio.

Lo primero que se hace es dar cuenta a las autoridades de estos dos países de las pruebas recabadas para que examinen su solidez. Seychelles y Mauricio son reticentes a procesar a piratas cuando las pruebas no son del todo contundentes ya que, ante una hipotética absolución, los arrestados quedarían en libertad. Si finalmente se decide entregar a los piratas detenidos a Seychelles, el buque que ha realizado el apresamiento se suele desplazar hasta ese país, que marca el límite sur el área de operaciones de la Misión Atalanta.

Si la entrega se realiza a las Islas Mauricio, los arrestados son trasladados hasta el puerto de Yibuti, donde son recogidos por una delegación del país y trasladados en avión.

PUESTA EN LIBERTAD

Cuando no se puede transferir al pirata a ningún país, los militares de la UE se ven obligados a ponerlos en libertad. Los militares españoles suelen utilizar la expresión “dejar en la playa” para referirse a esta liberación. En realidad lo que se hace es dejarles cerca de la costa, a unos dos kilómetros de tierra, en sus propias embarcaciones, aunque se les sustituyen los motores por otros de menor potencia. Los militares permanecen observando para confirmar que los detenidos llegan a la playa.

La elección del punto donde se deja en libertad a los detenidos tampoco es casual. Se elige una zona de la costa de Somalia que sea de la tribu de los arrestados y en cuyas proximidades no haya ningún campamento pirata. A los liberados se les da además comida y agua suficientes para que realicen el trayecto.

Pero la Fuerza Naval de la UE siempre trata de evitar esta opción. “Siempre queremos enjuiciarles, ese es el fin que perseguimos cada día”, concluye el contraalmirante García de Paredes.