El escolta se dedicaba desde el año 2009 y junto a otro compañero a la protección de un miembro del Gobierno vasco identificado como Araba-491. El demandante fue despedido el 30 de junio de 2011 después de que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco comunicase a la empresa la eliminación de la protección a la citada autoridad. Esta supresión se produjo en el marco de los recortes en materia de seguridad que el Gobierno de Vitoria llevó a cabo en junio de 2011.

El convenio colectivo para los escoltas establece que pueden ser despedidos “cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios”. Pero en el caso del demandante, su contrato contemplaba la posible realización de labores de protección a personalidades distintas de la identificada como Araba-491 “con carácter urgente, esporádico y excepcional”.

Este fue el motivo por el que el Juzgado de los Social número 1 de Vitoria, en noviembre de 2011, declaró el despido improcedente y obligo a Segur Ibérica a “readmitir al trabajador en iguales condiciones de trabajo existentes al tiempo del despido, o a indemnizarle con la cantidad de 7.549,20 euros”.

Este juzgado entendió que el objeto del contrato del escolta no era exclusivamente la protección de la personalidad identificada como Araba-491, por lo que no se podía aplicar lo establecido en el convenio colectivo.

El Tribunal Supremo ha decidido ahora confirmar esta resolución. Los magistrados de la Sala de lo Social del Supremo, presididos por Aurelio Desdentado Bonete, han rechazado el recurso de unificación de doctrina interpuesto por la empresa.