Según explicó la Comisión, la legislación española establece que la plusvalía de la venta de una residencia permanente está exenta de impuestos si el dinero se utiliza para comprar otra residencia permanente.

Sin embargo, esta disposición se aplica únicamente a los residentes españoles, por lo que se discrimina a los no residentes, que pueden acabar pagando unos impuestos “mucho mayores”, indicaron desde Bruselas.

En la práctica, destaca la Comisión, si una persona que vive en España vende su residencia permanente para comprar una casa nueva en otro Estado miembro y mudarse a ella, las plusvalías obtenidas por la venta podrían gravarse. Al contrario, si permanece en España y compra una nueva casa allí, no estaría gravada.

El organismo comunitario considera que se trata de un “obstáculo a la libre circulación de personas y de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia”, por lo que vulnera los Tratados de la UE. La remisión al Tribunal de Justicia de la UE es la última etapa del procedimiento de infracción.