Después de preguntar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la sesión de control al Gobierno, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, junto a otras diputadas socialistas y representantes de asociaciones que habían asistido desde la tribuna, guardaron un minuto de silencio por la última mujer asesinada por su pareja.

Después, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, denunció que el PP gobierna como en una “teocracia” y eso es “terrible” para las mujeres porque “es devolvernos a los años sesenta”.

Las mujeres, alertó, quieren seguir decidiendo “cómo, cuándo y de qué manera queremos tener a nuestros hijos”, y están “hartas de ser gobernadas por la Iglesia y por la banca”.

Denunció, además que la preocupación del PP por el feto no se corresponde por la que tiene por el niño ya nacido, como demuestran los cuatro pequeños asesinados por sus padres.

Con ese escenario, pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cuando se disponga de nuevo a recortar derechos piense en los 11.000 millones de euros “que pagamos al año” a laIglesia Católica y se plantee romper los acuerdos con el Vaticano.

Cristina Rodríguez, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, se mostró convencida de que la reforma implicará un retroceso en derechos y las mujeres “volveríamos muy probablemente a situaciones de clandestinidad” que pondrían en riesgo la salud de muchas de ellas.

En la misma línea, Estela Buendía, de la Federación de Planificación Estatal, subrayó los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los cuales las leyes restrictivas no reducen el número de abortos, solo los llevan a la clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud.

Los datos, explicó, indican también que los abortos están “claramente ligados” a situaciones de pobreza, y en una situación de crisis serán las mujeres con menos recursos las que, además, vean peligrar su salud.