Durante el encuentro, Sanidad manifestó que la norma de supresión le viene impuesta por la normativa estatal y aduce a la imposibilidad, dentro del marco legal, de poder dar cumplimiento de nuevo al artículo 16, según el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, el conseller, Manuel Llompart apuntó que existe la voluntad política de restablecer el artículo 16, "si se encuentra una salida legal".

Actualmente el copago afecta a cerca de 43.000 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, que aportan, en su mayoría, cantidades menores a los 10 euros mensuales y un minoría de algo más de 100 personas que aportarían más de 50 euros independientemente de su renta.

Por parte del Cermi CV, se puso en consideración del conseller la situación por la que está atravesando el sector de la discapacidad, "especialmente afectado por la crisis en todos los órdenes", así como sus familias, que tienen que asumir una serie de gastos como consecuencia de la discapacidad; al mismo tiempo que se le trasladó la “necesidad urgente” de que se apliquen políticas transversales en el tratamiento de la problemática de la discapacidad.

Por otra parte, el Cermi CV está preparando, junto con la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, un dictamen en el que se abre la posibilidad legal de que la Generalitat legisle de nuevo sobre las prestaciones farmacéuticas. En opinión del Comité autonómico, "de no ser así, estaríamos ante el desmoronamiento del Estado de las Autonomías a las que se las vacía de competencias ya transferidas por el Estado central".