El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley y tres reales decretos relacionados con esta materia, normas que tienen como objetivo “dinamizar de otra forma y con otro planteamiento” un sector “clave que genera crecimiento y empleo en España”.

En concreto, se aprobó un proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y tres reales decretos, que recogen el Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y modificaciones del reglamento de instalaciones térmicas.

En el caso de las ayudas al alquiler, los beneficiaros de las mismas no podrán superar unos ingresos de tres veces el indicador de renta Iprem, lo que supone casi 1.600 euros al mes. Pastor señaló que esta cuantía será modulable según los miembros de la familia.

MÁXIMO 200 EUROS

Además, indicó que las ayudas no podrán superar el 40% de la renta y que el límite máximo será de 2.400 euros anuales. De esta manera, las ayudas supondrán un máximo de 200 euros mensuales.

Pastor destacó que de las anteriores ayudas al alquiler se beneficiaban 80.000 personas, y que ahora superará las 133.000 anuales.

El Gobierno destinará casi 2.500 millones de euros para impulsar el mercado del alquiler y la rehabilitación de viviendas, señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, por ejemplo, se destinan en 1.500 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y en 627 para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética.

En concreto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 destinará 2.421 millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas.

La ministra destacó el impacto en el mercado laboral que tendrán estas medidas, pues permitirá crear 32.000 puestos de trabajo, pero el efecto supondrá 105.000 empleos.

Pastor aseguró que estas normas sirven para “garantizar la accesibilidad a una vivienda digna” y van a “contribuir a la reconversión y reactivación de un sector que lo necesita”.

La titular de Fomento comentó además que las personas afectadas en los procedimientos de desahucio tendrán “preferencia” en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

REHABILITACIÓN

El plan contempla también ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles han de tener una antigüedad anterior a 1981, al menos el 70% de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Entre las medidas aprobadas se encuentra una Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edificios 2013 dotado con 1.000 millones de euros, y programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas con 100 millones.

Por ejemplo, se incentivará la renovación de ventanas, fachadas, calderas, equipos de aire acondicionado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, el plan incluye ayudas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, con una subvención máxima del 50% del coste del mismo.

En otro de los reales decretos, el Consejo de Ministros trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética.

ACCESIBILIDAD

El Gobierno dará ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda para mejora de accesibilidad. En todo caso, se establece de límite que la cuantía no podrá superar el 50% del presupuesto.

Relacionado con obras de accesibilidad, la nueva ley define los “ajustes razonables” como aquellos que no supongan una carga desproporcionada o indebida.

Para ello se tendrán en cuenta su coste, las personas que deban pagarlo y los efectos discriminatorios que causa su ausencia.

También cuando no es obligatoria su instalación, se facilita la decisión voluntaria para garantizar la accesibilidad en las comunidades de propietarios, mediante la adopción del acuerdo por mayoría simple.

Además, se deroga la Inspección Técnica de Edificios y se sustituye por un Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que será obligatorio para edificios de bloque (no viviendas unifamiliares), con más de 50 años y exigible a partir del año 2019.

Los datos de Fomento apuntan que de los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 o más plantas, 4 millones todavía no tienen ascensor, ni salva-escaleras ni rampas que faciliten el acceso.